Gol(pe) a la democracia

Con demasiada frecuencia se habla de la politización de la justicia y también de la judicialización de la política. En los dos casos se suele echar la culpa siempre a los políticos y no a los jueces cuando en realidad la culpa es de ambos aunque más grave es que ocurra con los jueces que con los políticos, que al fin y al cabo están ahí para hacer política mientras que los jueces lo están para hacer justicia. 

A un político no se le pide independencia porque de antemano se sabe a qué partido pertenece, qué ideología tiene y qué intereses defiende, mientras que un juez está obligado a mantener esa independencia indispensable en su trabajo para juzgar al prójimo. Además de ecuanimidad imparcialidad y rectitud. 

Culpar a los políticos de hacer política es una estupidez. Es como culpar a un futbolista de jugar al fútbol o a un arquitecto de levantar edificios o a un médico de curar a sus pacientes. Los políticos hacen bien haciendo política porque para eso están. En todo caso se les puede culpar de ser sectarios o partidistas aunque un político de partido siendo partidista es la cosa más normal del mundo. Por algo son partidos políticos. 

En esta última polémica sobre la renovación del Tribunal Constitucional hacen más política los jueces que los propios políticos. ¿Cómo puede explicarse entonces que unos jueces con mandato caducado pretendan decidir sobre la renovación del órgano al que pertenecen y del que no se han marchado a pesar de la caducidad de sus cargos hace más de cuatro años? La imparcialidad y la rectitud no se ve por ningún lado. En este caso se comportan como juez y parte, nunca mejor dicho. 

Cuando en el reciente fallo polémico del Tribunal Constitucional, este aceptó el recurso del Partido Popular con la pírrica victoria de seis contra cinco, los seis jueces nombrados a dedo por el PP siguieron a pie juntillas las directrices del propio partido por el que fueron designados. 

Antes de tomar la decisión parecía claro que los magistrados propuestos por el PP iban a votar a favor del recurso de este partido y así fue, por lo que la victoria de la que alardean los populares fue más bien la crónica de una muerte anunciada. Una verdadera ridiculez. En este caso el fallo anunciado lo fue en la variada acepción de la palabra. 

Peor aún es que el presidente del Tribunal Constitucional y uno de sus miembros propuestos por el Partido Popular no se abstengan ni se inhiban en la votación ya que ambos habían culminado su mandato constitucional. Eso es como si un presidente de gobierno pierde unas elecciones pero sigue cuatro años más de legislatura al frente del Ejecutivo a pesar de la caducidad de su mandato. Hay momentos en la vida pública en los que hay que hablar más de ética y moral que de legalidad o legitimidad. 

Los que quieren justificar la actuación de estos jueces puestos a dedo por el PP construyen un juego semántico para idiotas al declarar solemnemente que estos magistrados no están caducados sino prorrogados porque la ley contempla esa posibilidad para no dejar mermados o vacíos estas instituciones. 

Sin lugar a dudas, estos magistrados habrían actuado más honestamente si se hubiesen abstenido o inhibido, aunque mejor hubiese sido que dimitieran para forzar al Poder Legislativo en la premura para renovar el órgano. Es una cuestión más de ética y deontología profesional que de leyes propiamente dichas. 

Ya lo hizo hace unas semanas el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo designado también por el Partido Popular, Carlos Lesmes. Es la salida más digna para no forzar la prórroga forzada.

Algunos hablan también de choque de poderes pero lo dicen porque desconocen que el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. Si perteneciera sí podría hablarse en puridad de confrontación de poderes: el judicial por un lado y el legislativo por otro. Pero no es el caso. 

Es evidente que quienes han manchado las instituciones y ocasionado un golpe a la democracia son los magistrados caducados designados por el PP en complicidad con el primer partido de la oposición. Se han injerido grotescamente en el poder legislativo rompiendo de forma zafia y torpe la supuesta división de poderes de la que tanto presumen. 

Cuando los populares gobernaron España nombraron a la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo las leyes que nos hemos dado, pero ahora que no gobiernan pretenden seguir controlando desde la oposición al único poder del Estado que no se vota democráticamente. 

Lo más perverso, dramático y vergonzoso de toda esta historia es que el principal partido de la oposición exige al Gobierno de España que respete la Constitución cuando son sus dirigentes los que llevan más de cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Sería para reír si no fuera para llorar. 

La situación es francamente patética y en este asunto los que dan verdaderamente vergüenza ajena son los conservadores, tanto los políticos como los jueces, a los que parece no importarles ser correa de transmisión de los que los han designado para esos cargos fabulosamente remunerados, aunque si los comparamos con la nómina de cualquier futbolista de élite no dejan de ser unos pringados. Eso sí, han metido un gol(pe) por la escuadra a la democracia.