Espacio de opinión de Canarias Ahora
Guguy, un Parque Nacional con okupas
Como es sabido, Guguy comprende una zona de Gran Canaria que está considerada como espacio natural protegido, tanto por Ley Canaria (Reserva Natural Especial), como por la Red Natura 2000 (Zona de Especial Conservación), siendo a su vez parte integrante de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, y concretamente considerada como Zona Núcleo. Atendiendo a sus extraordinarios valores naturales durante la pasada legislatura, el Cabildo promueve que sea declarada Parque Nacional, si bien esta idea ya se planteó a principios de este siglo XXI.
Dicho esto, he de manifestar que el que suscribe estas líneas mantiene una vinculación estrecha y directa con este paraje. Soy aldeano y mi familia procede de aquí, de Guguy, donde se instaló desde hace mucho tiempo y donde yo mismo he pasado varios años de mi vida, desde mi infancia hasta mi etapa como profesional vinculado a las labores medioambientales. Asimismo, mi familia posee en esta zona, y así está acreditado en el Registro de la Propiedad, diversas fincas e inmuebles adquiridos y trabajados desde hace varias generaciones. Quiero resaltar este hecho porque existe la creencia por parte de muchas personas y también por algunas relacionadas con las administraciones de que todo Guguy es de titularidad pública y ello no es del todo correcto, pues si bien tanto el Ayuntamiento de La Aldea, como el Cabildo de la Isla poseen una buena parte de este territorio, no es menos cierto que hay varias decenas de “fincas” que son de titularidad privada.
No viene al caso en este artículo pormenorizar la historia de la propiedad de los terrenos de Guguy, al respecto remito a la extensa y magnífica obra sobre la historia de La Aldea desarrollada por Francisco Suárez Moreno, Cronista Oficial de La Aldea, que con gran rigor ha abundado en este tema y al que debemos agradecer su extraordinaria labor.
No obstante, sí quiero resaltar y denunciar dos casos que entiendo que deben ser conocidos por la opinión pública, máxime si se pretende por parte de diversas administraciones declarar la zona como Parque Nacional. Me referiré al hecho de la “okupación” de dos inmuebles, uno de titularidad pública y otro de titularidad privada.
Como sabemos, el Cabildo grancanario adquirió en 2021 una gran superficie de terreno (algo más de 3.000.000 metros cuadrados) en la zona de Guguy. Pues bien, dentro de esa gran parcela se encuentra una casa que he rehabilitado personalmente con la ayuda de varios familiares y es notorio -incluido entre personas que trabajan o han trabajado en la Consejería de Medio Ambiente y en empresas públicas como Tragsa y Gesplan- que yo tenía un acuerdo verbal con el antiguo propietario, el desaparecido Jaime Cortezo Massieu, por el cual yo no solo pude arreglar la casa sino que la disfruté durante los diez años anteriores a fecha de su adquisición por parte de la corporación insular.
Durante ese período la casa sirvió, en diversos momentos, de alojamiento donde se albergaron tanto técnicos del Servicio de Medio Ambiente, del Cabildo y del Gobierno de Canarias, como otras muchas personas, voluntarios y voluntarias, con ocasión del desarrollo de apañadas de cabras salvajes en la zona. Esto es lo que ha sucedido hasta que, unos meses después de que el Cabildo comprara esta gran finca en Guguy, que cuenta, entre otros bienes, con la citada casa, un ciudadano al parecer oriundo de Francia, que vivía en una chabola en el barranco de Guguy Grande, ha okupado la casa. Es evidente que esta persona ha ocupado de manera ilegal un inmueble que es propiedad pública, del Cabildo de Gran Canaria, que había venido teniendo una singular función de apoyo a diferentes actividades en pro del medio ambiente, como he citado más arriba, y que por su ubicación y características, se entiende que puede servir como parte de la infraestructura destinada a la conservación y protección eficaz de esta preciada zona de la Isla.
Otros okupas
A finales de la década de los setenta del pasado siglo en Guguy vivían pocas personas, entre ellas mi tío Cruz del Rosario Sánchez (“Crucito”), ya fallecido, quien se ganaba la vida con sus cabritas, ayudando a “jalar” del chinchorro a los pescadores de La Aldea que semanalmente acudían a Guguy y haciendo jareas que luego vendía en el pueblo. Por esos años y a principios de los 80 comienzan a llegar al lugar y a establecerse precariamente jóvenes de la isla y algunos extranjeros que temporalmente se asentaron siguiendo en cierto sentido la filosofía hippie de la vida.
Ya por ese entonces se había construido un chalet en Guguy Grande y se planteaban operaciones turísticas que no prosperaron. Durante años continuaban llegando y yéndose jóvenes, incluso se llegó a consolidar en una de las construcciones una especie de tienda, regentada por la aldeana Carmen Díaz Sánchez. En este trajín de gentes algunos se quedaron durante décadas y al fin una pareja consideró que era el momento de explotar turísticamente una de las viviendas desocupadas que aquí se encuentran. En la actualidad esa casa, que es propiedad de los herederos de la familia García Armas, de ascendencia aldeana, aparece en las plataformas que en internet ofertan alojamientos turísticos, en concreto se publicita esta casa, que no cuenta con la autorización de sus legítimos propietarios, y tampoco con el permiso que la autoridad competente en la materia debe otorgar para desarrollar la actividad turística señalada.
La Reserva Natural Especial de Guguy cuenta desde junio de 2003 con un Plan Director que guía y articula los mecanismos para su gestión y es evidente que después de veinte años este documento se ha quedado anticuado. Sin duda es necesaria su revisión y actualización y, entre otros argumentos, a los hechos citados me remito. Por ello, quiero aprovechar este escrito para denunciar públicamente esta situación y hacer una llamada a los responsables públicos que promueven la propuesta de Parque Nacional para que actúen frente a lo que considero unas flagrantes irregularidades e ilegalidades que de ninguna manera son compatibles con la citada declaración a la que aspira la corporación insular, como tampoco lo es con la legalidad vigente (autonómica, estatal y europea) que atañe a esta Reserva Natural.
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