Hablando de dimisiones

El problema es que con su dimisión, forzada por el presidente del Gobierno o no, Bermejo ha puesto en un brete a quienes en circunstancias mucho más complejas se niegan a conjugar el verbo dimitir, renegando de la doctrina que suelen aplicar a sus rivales políticos. Y ha dejado al PP sin objetivo central de sus furibundos ataques al Gobierno en un momento político en que los conservadores tanto se juegan en las elecciones vascas y, fundamentalmente, en las gallegas.

Tras lo ocurrido, los cargos del PP inmersos en procesos judiciales y sobre los que pesan en algunos casos graves imputaciones tienen escasa estatura moral para exigir en su momento el cese de Bermejo y para aplaudir de forma entusiasta ahora su salida del Ministerio, cuando ellos no se aplican la misma medicina y son capaces de ver la paja en el ojo ajeno y no percibir la viga en el propio.

No hay que olvidar como el propio José María Aznar comenzó su carrera política-institucional: consiguiendo la renuncia de Demetrio de la Madrid, entonces presidente socialista de Castilla y León, sobre la base de acusaciones que años después se mostraron completamente infundadas.

Pero aquella doctrina de la dimisión fulminante de cualquier imputado no parece ser de aplicación a los encausados de las propias filas, como se está demostrando estos días en distintas comunidades autónomas, entre ellas Canarias.

Deslegitimación

Además, ahora añaden una novedad a sus formas de actuación: la coral, permanente y generalizada deslegitimación de la policía y del sistema judicial, es decir, la irresponsable puesta en cuestión de elementos sustanciales del Estado de Derecho, más propias de organizaciones antisistema que del principal partido de la oposición. Y hasta el juez Garzón, a quien rendían pleitesía cuando perseguía presuntos delitos del PSOE y, especialmente, cuando intentó meter en la cárcel al propio Felipe González, se convierte hoy en un apestado al que hay que tratar de eliminar.

En mi opinión, más allá del mayor o menor ruido mediático, son los ciudadanos y ciudadanas los que tienen que tomar nota del comportamiento de los partidos políticos y de las personas que están al frente de las distintas instituciones en momentos tan delicados como los actuales. Y son los que tienen la democrática capacidad, con su voto, de separar el trigo de la paja, de castigar a quienes hacen un uso perverso de la política, de consolidar o de cambiar gobiernos.

Los medios de comunicación vienen dedicando numeroso espacio a los presuntos casos de corrupción y al enfrentamiento entre los grandes partidos. También en las Islas, con un cruce constante de acusaciones y una bronca que, mucho me temo, sólo contribuye a causar más desafección ciudadana en torno a la política y más lejanía de las urnas.

Y tiene su lógica ese alejamiento ciudadano de la actividad pública. ¿Cómo puede percibirse por la ciudadanía que ante unas circunstancias económicas muy graves, con casi 220.000 parados, con miles de ciudadanos y ciudadanas que dejan de percibir las prestaciones por desempleo, con el incremento de quienes solicitan ayuda a los servicios sociales de los ayuntamientos o acuden a instituciones como Cáritas, los dirigentes políticos estén inmersos en una bronca endógena y completamente alejada de los problemas reales de la gente? Sólo puede ser entendido negativamente, sin duda, estimulando la desafección de la política y dando alas a la abstención.

Soluciones consensuadas

Considero, por ello, que no es de recibo que se continúe perdiendo tiempo y esfuerzos en rencillas políticas mientras la situación económica, que ya es grave, empeora y puede adquirir tintes dramáticos. Por el contrario, entiendo que las instituciones deben volcarse, hoy más que nunca, en la búsqueda de soluciones consensuadas para aumentar la inversión pública, fomentar la competitividad de nuestra economía y afrontar el decidido apoyo a quienes peor lo pasan. Como, en nuestro ámbito de actuación, hemos hecho en el Cabildo de Gran Canaria con el Plan de Competitividad, el Consorcio Turístico o el tren.

Es la hora de la responsabilidad y del liderazgo para impulsar la lucha común de toda la sociedad canaria contra los efectos de esta profunda crisis económica. Es la hora de la política con mayúsculas, del trabajo denodado por el interés general y por la mejora de las condiciones de vida de la gente. Objetivos a los que nada contribuye la actual sensación de trifulca permanente entre las organizaciones y los líderes políticos.

(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez *