Inmigración, responsabilidad global

Hasta la mitad del siglo XX el pueblo canario fue emigrante; cíclicamente, cada crisis económica causada por la quiebra de un monocultivo se saldaba con una significativa y forzada salida de personas hacia otros lugares del mundo para huir de la extrema pobreza. Fundamentalmente, hacia América Latina. En Cuba, Venezuela, Argentina o Uruguay viven hoy miles de canarios y canarias y sus descendientes, que tanto han contribuido a sus tierras de acogida. Los avances económicos, nuestro mayor nivel de desarrollo, han supuesto una profunda transformación de esas circunstancias, haciendo que desde finales del pasado siglo y en este XXI nos hayamos convertido en receptores de población procedente de los más diversos lugares del planeta.

Según datos recientes del INE, la población extranjera suponía en 2019 el 14% en el Archipiélago, dos puntos más que en el año anterior. De ellas, el 53% procede de la Unión Europea, especialmente de Italia, Reino Unido y Alemania. Un 25% tiene su origen en América, mayoritariamente de Venezuela, Colombia y Cuba. África representa el 10% y Asia se sitúa en torno al 7%, mientras que la Europa no comunitaria apenas aporta un 3,8%. Las proyecciones demográficas apuntan a que estos datos se incrementarán en los próximos años.

Junto a ello, en las últimas décadas nuestra posición geográfica, nuestra cercanía al continente africano, ha sido determinante para convertirnos en punto de llegada de barquillas y cayucos a nuestras costas. Con hombres y mujeres jóvenes que, mayoritariamente, no tienen como pretendido destino final a nuestra Comunidad, sino que aspiran a llegar al continente europeo en busca de una mejora de sus condiciones de vida y de parientes y/o conocidos que antes emprendieron la misma aventura.

En la etapa reciente se ha recrudecido de manera relevante este fenómeno. Un fenómeno auspiciado por la pobreza extrema, los conflictos bélicos, las democracias fallidas, los regímenes autoritarios y la falta de expectativas de futuro en sus países de origen. El aumento en la llegada de inmigrantes ha tensionado los escasos recursos existentes y la capacidad de acogida por la incomprensible limitación en las derivaciones a otras comunidades y a estados de la UE, entre otras razones. 

Crisis climática

Numerosos analistas señalan que los efectos de la Crisis Climática -sequías, inundaciones, pérdida de cosechas, desaparición de tierras fértiles, dificultades de acceso al agua potable…- no harán sino incrementar esta tendencia, con masivos movimientos de personas en todo el mundo que ya se vienen produciendo. Urge que las políticas para hacer frente a la situación se encuentren a la altura de las circunstancias. Dando una respuesta humanitaria, desde el más escrupuloso respeto a los derechos humanos. Las imágenes que hemos visto sobre algunos centros de internamiento y las condiciones -higiénicas, alimenticias…- en que en ellos se encuentran las personas inmigrantes confirman que no siempre se está prestando la atención adecuada.

Resulta imprescindible la coordinación de todas las administraciones, desde las corporaciones locales a los gobiernos canario y estatal -que es el que tiene las competencias en materia migratoria- para tratar con dignidad a las personas migrantes que llegan a las Islas. Una coordinación e implicación que ya ha funcionado en anteriores etapas, con más implicación de la administración estatal. Con el desarrollo de infraestructuras adecuadas, así como retomando la derivación a otras comunidades autónomas y a otros estados de la UE, priorizando los reagrupamientos familiares.

Son muchas las acciones que Canarias, el Estado español y la Unión Europea deben impulsar con relación a los flujos migratorios. Como he señalado en otras ocasiones, tenemos el deber moral de construir unas relaciones más equilibradas y justas entre el norte desarrollado y el sur empobrecido, poseedor de enormes recursos naturales, de una gran riqueza casi siempre expoliada y que no está al servicio de sus poblaciones.

Condiciones de vida

Por eso, en primer lugar, hay que intensificar de manera decidida la colaboración al desarrollo en los países emisores. Si no mejoran las condiciones de vida es muy difícil que la gente se mantenga en sus territorios. Es preciso combatir las hambrunas y colaborar para que se produzcan avances en la atención sanitaria y en el acceso a la educación. Ante la desesperación no hay fronteras ni leyes restrictivas que valgan. Todo ello, sin olvidar el apoyo a procesos democratizadores como herramienta para una progresiva mejora de los derechos y las condiciones de vida de los pueblos. 

Incrementando, asimismo, la eficacia de los sistemas de vigilancia. Para evitar la pérdida de vidas humanas y para disuadir a las mafias que trafican con personas. Se produjo un enorme avance en este sentido con la creación del SIVE (Servicio Integral de Vigilancia Exterior), que permite la detección de las pateras y cayucos, lo que facilita su identificación y auxilio, posibilitando salvar muchas vidas; aunque, desgraciadamente, son muchos los que mueren en tan arriesgadas travesías, por lo que se prioriza también en la tarea de tratar de frenar las salidas desde las costas africanas. Así como con la constitución del Frontex, organismo de la Unión Europea que establece una gestión integrada de vigilancia y control de las fronteras exteriores de la Unión.

Cambiando el modelo privativo de libertad por otro de acogida humanitaria, con adecuada atención -médica, jurídica y social, también con la presencia de traductores- mientras permanezcan en la Comunidad Canaria. Estableciendo una política migratoria europea que permita estudiar un proceso de regulación ordenada de aquellas personas que, con vínculos en el territorio, puedan regularizar su residencia y acceder a los permisos de trabajo. Máxime cuando numerosos estados europeos, por razones económicas y demográficas, precisan de mano de obra; imprescindible para el mantenimiento de la actividad económica, así como para contar con más ingresos para garantizar el sistema de pensiones. Combatiendo, también, los bulos que solo buscan incrementar la xenofobia y el racismo.

Una pequeña Comunidad como Canarias no puede quedarse sola a la hora de actuar ante este fenómeno. Exigimos la corresponsabilidad del Estado y de la Unión Europea. La actual situación de los flujos migratorios irregulares será uno de los temas que abordemos en la próxima reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado. 

Debemos seguir insistiendo en la búsqueda de soluciones globales que pasan por la cooperación al desarrollo, por mecanismos para una inmigración regulada y otros para facilitar la integración de los que aquí se quedan; en la vigilancia de nuestras aguas y las tareas de salvamento marítimo de quienes, por distintas razones, arriesgan la vida para llegar a nuestras costas, así como la derivación a otras comunidades y a otros estados de la UE; y evitando, asimismo, la repatriación a lugares que viven conflictos armados o graves violaciones de los derechos y libertades. Políticas humanitarias y responsabilidad global ante uno de los grandes retos del Siglo XXI. Esto debe caracterizar a los estados democráticos en su actuación ante los fenómenos migratorios.