Las trampas del 'decreto Clavijo'

Los grupos que apoyan al Gobierno en el Parlamento de Canarias acaban de aprobar el decreto Clavijo. Lo denomino así porque no merece ser llamado decreto Canarias, ya que el Ejecutivo de CC y PP lo convirtió en un instrumento para sus exclusivos intereses partidarios y electorales, para fomentar la confrontación con el Estado con las más variopintas exigencias. Muchas de ellas planteadas eludiendo de forma intencionada las competencias y las responsabilidades propias de un Gobierno, el de Canarias, incapaz de intervenir para abordar los graves problemas que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de las Islas. Una oportunidad perdida más en la semana en que se confirmaba, asimismo, que en lo que va de legislatura el Gobierno de las dos derechas ha dejado de utilizar 3.352 millones de los Presupuestos entre 2023 y 2025.

El decreto Clavijo, apoyado por el PP, pretende abrir un nuevo frente de lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que desvíe la atención de lo verdaderamente urgente: el acceso a la vivienda; las dificultades de muchas familias canarias para llegar a fin de mes; las personas dependientes que no disfrutan los servicios a los que tienen derecho; las y los trabajadores con los salarios más bajos del estado; unos altísimos niveles de pobreza y de desigualdad social; un sector primario asfixiado por los costes; el creciente deterioro de los servicios públicos fundamentales, y un modelo económico sustentado en el turismo que no redistribuye la riqueza generada pero si descarga sobre la población las “externalidades negativas” que provoca.

Mucho pedir y poco hacer

Podría tener interés un real decreto que supliera compromisos presupuestarios imprescindibles para Canarias ante la ausencia de presupuestos estatales, así como para cubrir aspectos incluidos en el acuerdo para la investidura de Sánchez entre CC y PSOE. Pero, seis meses después del anuncio, se volatilizan esas medidas “inaplazables, necesarias, urgentes y extraordinarias”. No casan con un texto que hace un totum revolutum que mezcla competencias estatales con otras que dependen exclusivamente del Gobierno de Canarias. Eso sí, todas las soluciones a nuestros problemas se derivan al Gobierno central, como si el autogobierno no existiera y como si el Ejecutivo canario ejerciera de libre oyente.

El presidente canario en esta legislatura no ha convocado a los grupos de la oposición para trabajar en una estrategia conjunta desde Canarias que permita transformar la realidad del Archipiélago en vivienda, empleo, turismo o fiscalidad. Y, además, no ha aceptado ni una sola de las 41 medidas propuestas por Nueva Canarias-Bloque Canarista a su decreto, como tampoco lo ha hecho con el resto de la oposición. Y, en su prolijo texto, también incluye peticiones que nada tienen que ver con el acuerdo suscrito por el PSOE y por CC para que este partido apoyara, como así hizo, la investidura de Pedro Sánchez.

Pero es que, además, hay muchas que ni siquiera constan en el Acuerdo de Investidura firmado por PP y CC para formar el actual Gobierno y que nunca han sido siquiera discutidas en el Parlamento de Canarias, como la bonificación del 60% del IRPF para La Gomera y El Hierro (como se hace provisionalmente en La Palma por motivo de la erupción del volcán). O la bonificación del 50% de la cuota patronal a la Seguridad Social en estas tres islas.

En el decreto hay otras peticiones completamente injustificadas. Como cuando se solicita 204 millones anuales más para Convenio de Carreteras de 2026 a 2030, es decir, 1.020 millones adicionales, cuando a petición del Gobierno canario, se firmó en septiembre de 2025 una Tercera Adenda ampliando en el Convenio de Carreteras el plazo de ejecución de 2027 a 2030 con el mismo importe de 1.448,2 millones existente. De los que aún quedan unos 840 millones por ejecutar hasta el 2030 y la Comunidad Canaria no tiene capacidad para ejecutarlos antes. O solicitar “de extraordinaria y urgente necesidad” que el Gobierno central financie 1.400 plazas de la Policía Canaria, cuando desde su creación, en junio de 2010, apenas cuenta con unos 300 efectivos.

O, rizando el rizo, sin duda ‘urgente y vital’ para el futuro de Canarias es proponer que sea el presidente Clavijo quien nombre la Dirección de la Radio Televisión Española en Canarias -cuando, por algo será, esta goza de excelentes audiencias en las Islas- o al delegado de la Agencia EFE en el Archipiélago. Que solo puede ser entendido como un intento de control del total de los medios públicos, tras el asalto que Coalición Canaria ha hecho para intentar convertir la Radio Televisión Canaria en un ente al servicio de su Gobierno. 

¿Real decreto ley o proyecto de ley?

Para Clavijo y los suyos todas estas propuestas son tan necesarias y urgentes para Canarias que deben llevarse a un Real Decreto Ley del Gobierno central cuando, como se sabe, este procedimiento legislativo solo se justifica para atender “situaciones de extraordinaria y urgente necesidad”. Y, encima, tienen la demagogia y la desfachatez de calificar poco menos que de traidores a Canarias a quienes no traguen con su decreto. Lo que deben hacer CC (1 escaño) y PP (137 escaños) es presentar un proyecto de ley en las Cortes Generales y buscar apoyos para aprobarlo, pero no lo harán porque quedarían en evidencia.

Nueva Canarias ha estado con el Gobierno en diferentes asuntos que afectan a las Islas. Desde los migratorios a la financiación autonómica, pasando por la defensa de los intereses canarios en el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 de la Unión Europea. Lo seguirá estando en la defensa de nuestra comunidad en España y en Europa. Pero no aceptamos que se use al Parlamento canario para, desde la búsqueda de una artificial bronca con el Estado y sin asunción de las propias responsabilidades, iniciar su campaña electoral para 2027.

Por nuestra parte, planteamos un texto en el que se instara al Gobierno de España al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el PSOE y CC para que este partido apoyara la investidura de Sánchez. Y para que se cumplan con las partidas presupuestarias para Canarias incluidas en los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2023, que luego han sido prorrogados, y con los compromisos recogidos en los programas de las leyes del REF vigentes.

Exigiendo, en esa línea, que se transfieran a Canarias las cantidades acordadas: las partidas para la pobreza; la subvención al transporte de guaguas; la subvención al transporte público gratuito para 2026; la subvención para el agua de abasto y para el riego agrícola; el Plan Integral de Empleo para Canarias; el 100% del POSEI Adicional que se ejecute en cada anualidad, etc. También las cantidades acordadas para financiar el coste del acogimiento de los menores inmigrantes que llegan y se les atiende en las islas hasta que culmine su distribución entre todas las nacionalidades y regiones como exige la nueva ley.

Proponiendo NC además desde aquí un paquete de 41 propuestas estructuradas y realistas en materia fiscal, social, educativa, sanitaria, turística y medioambiental. Entre ellas, la supresión de la bonificación del 99,9% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias superiores a 1,2 millones de euros, aprobada por Clavijo en julio de 2023, y que supondrá dejar de ingresar 180 millones de euros en la legislatura. También el restablecimiento de la deducción en el IRPF por el incremento de precios para rentas inferiores a 30.000 euros. La implantación de una tasa turística, exenta para residentes, con una recaudación estimada de entre 200 millones de euros y 250 millones de euros anuales destinados a la sostenibilidad y la renovación de infraestructuras públicas turísticas.

Así como implantar una moratoria para nuevas camas turísticas, adaptada a la realidad de cada isla, y la desclasificación de suelo turístico no desarrollado. El cumplimiento de la Ley Canaria de Educación para alcanzar el 5% del PIB, un incremento de 30 millones de euros en financiación universitaria y la recuperación de 25 millones recortados en I+D+i. Una nueva ley canaria de vivienda con derecho subjetivo exigible y un Plan Canario de Alquiler Seguro para movilizar parte de las 211.000 viviendas vacías. O medidas de apoyo al sector primario, entre otras recuperar en este año 2026 al menos los 12 millones de euros menos que tiene la Consejería de Agricultura en sus presupuestos respecto a los que tenía en el 2023 con el Gobierno del Pacto de Progreso.

Un conjunto de medidas realistas, urgentes e imprescindibles que pueden y deben hacerse desde Canarias y su Gobierno; y que impactan de forma decidida en la mejora de la calidad de vida de los canarios y canarias, en el apoyo a los sectores económicos, en los servicios públicos y en el avance hacia un modelo más sostenible que contribuya a un mejor reparto de la riqueza en las islas y a combatir un panorama marcado por los bajos salarios, las dificultades de acceso a una vivienda, la pobreza y la exclusión social. Añadiendo, por supuesto, aquellos compromisos que debe asumir el Gobierno central, pero no olvidando los propios. Sin embargo, el Gobierno de CC y PP insiste en su política de despejar balones, de completa inacción, de plena incapacidad de asumir responsabilidades y, eso sí, de un enorme empeño propagandístico en intentar culpar a Madrid, a Bruselas y la oposición de todos los males que afectan a esta tierra. Y así, desde la absoluta pasividad y la pésima gestión de los recursos públicos, no se transforma Canarias y solo se cronifican y enquistan sus problemas.