Compromís denuncia ante la UE la carta enviada por la Generalitat Valenciana a las familias contra la huelga de profesores
El eurodiputado de Vicent Marzà ha registrado una iniciativa ante la Comisión Europea para que evalúe si la Generalitat Valenciana ha vulnerado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) mediante el uso reiterado de la plataforma educativa Itaca para el envío de comunicaciones de contenido político a familias y menores de edad.
En la pregunta remitida en Bruselas, Marzà recuerda que el Gobierno valenciano ha utilizado de forma reiterada el sistema informático Itaca, plataforma de gestión educativa que almacena datos personales de familias y menores de edad, para remitir comunicaciones masivas de contenido político sin el consentimiento de sus titulares y para una finalidad incompatible con aquella para la que fueron recabados.
El primer precedente se produjo en febrero de 2025, cuando el conseller José Antonio Rovira utilizó Itaca para enviar una carta ideológica a más de 570.000 familias en el marco de una consulta sobre la lengua vehicular en los centros escolares. El propio conseller calificó públicamente el procedimiento como “pionero y sin precedentes”. En mayo de 2026, la consellera Carmen Ortí repitió el procedimiento enviando, a través de Itaca, una carta a las familias en vísperas de una huelga indefinida del profesorado, en la que afirmaba que “ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical”. En ambos casos, las asociaciones de familias denunciaron la vulneración del RGPD.
Ante este patrón reiterado, Compromís ha lanzado paralelamente una campaña ciudadana para que las familias puedan denunciar directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos el uso indebido de sus datos. A través de una web habilitada por la formación, las familias disponen del formulario completo y de los pasos necesarios para presentar la reclamación de manera gratuita y en pocos minutos. En menos de 24 horas, ya se han registrado 253 denuncias.
La reclamación tipo recuerda que Webfamília es una plataforma de comunicación escolar cuya finalidad, según la propia Conselleria, es exclusivamente la consulta de notas, faltas, retrasos, avisos de tutores y la comunicación entre familias y profesorado, y que la carta enviada por la consellera no contiene información sobre el seguimiento académico del alumnado ni responde a ninguna finalidad educativa, sino que constituye “una comunicación de carácter político e institucional en la que el gobierno autonómico expone su posicionamiento en un conflicto laboral”. Las familias alegan la vulneración del artículo 5.1.b) del RGPD (principio de limitación de la finalidad) y del artículo 5.1.a) (principios de lealtad y transparencia).
Ante la Comisión Europea, Compromís pregunta directamente si “el uso de bases de datos educativas públicas para el envío de comunicaciones de contenido político sin el consentimiento previo e informado de sus titulares constituye una vulneración del RGPD”.
Vicent Marzà ha señalado que “estamos ante un uso profundamente irresponsable de datos personales de menores y familias por parte de la Generalitat Valenciana. Las herramientas públicas destinadas a la gestión educativa no pueden convertirse en canales de propaganda política del Consell”.
“Primero fue la consulta lingüística y ahora la huelga educativa. El patrón es el mismo: utilizar una base de datos institucional para difundir mensajes ideológicos sin el consentimiento de las personas afectadas”, ha añadido.
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