Para una educación justa, una homologación salarial justa por Saturnina Santana Dunpierrez

1.- Una situación preocupante que requiere una explicación

Somos muchas las personas que vivimos con preocupación la situación de la educación en Canarias, pero no sólo por el actual conflicto que enfrenta a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes con el profesorado, sino porque tenemos la impresión de que los problemas crecen y los resultados empeoran sin que nadie se haga cargo de ellos. Esta impresión muy extendida, se mantiene pese al oscurantismo al que han sometido, este Gobierno CC-PP y todos los anteriores (ya que se suceden unos a otros sin ningún análisis anterior), a los datos educativos. Todos tenemos la impresión de que el fracaso escolar en Canarias es muy grande, pero no lo sabemos por el Gobierno de Canarias, sino por los datos publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia. Pese a todo, ignoramos datos tan esenciales, como las diferencias entre los datos por islas, o por provincias, ignoramos si estos datos tienen relación con algunas características de los alumnos, o de los centros. Por ignorar, ignoramos hasta los resultados obtenidos después de la evaluación realizada a todos los centros educativos durante los últimos cinco años, pese a que la norma que regula esa actuación obligaba al gobierno a informar puntualmente de esos resultados.

Teniendo en cuenta esta situación, no deja de resultar irónico y hasta ofensivo que la señora consejera se dirija a los padres y madres de Canarias invitándoles a un ejercicio de una responsabilidad compartida y a la implicación de toda la comunidad educativa en el análisis de los éxitos y los fracasos. Creo que este ofrecimiento sólo sería creíble si, en el menor tiempo posible, el Gobierno que preside Paulino Rivero diera a conocer los datos reales de fracaso escolar en Canarias durante los últimos cinco años, con una distribución clara por islas y en relación directa a los principales indicadores que podrían estar relacionados con estos datos, especialmente con la distribución de la inversión en educación.

2.- Las contradicciones de una propuesta

Las perspectivas actuales de resolución del conflicto no son buenas, dado que ambas partes no lograr ponerse de acuerdo sobres dos cuestiones esenciales: la naturaleza del conflicto y las condiciones que harían posible su resolución. El profesorado reclama un aumento salarial que ponga fin a una situación injusta: la discriminación que padecen con el resto de funcionarios de similares características. El Gobierno reclama unas contrapartidas que justifiquen el aumento salarial, pero no reconoce la discriminación. Visto desde fuera, todo parece quedar reducido a un aumento salarial sin importar las razones por las que este se produciría. Creo, sinceramente, que las razones importan, al menos, tanto como el dinero y, si no fuera así, todos saldríamos perdiendo. No creo, por ejemplo, que fuese aceptable para nadie, incluido el profesorado, una solución que implicara un aumento salarial, pero una reducción del resto de partidas dedicadas a la educación o simplemente su estancamiento.

Por eso, porque las razones son importantes, me parece lamentable que el Gobierno de Canarias pueda aspirar a defender los intereses públicos mediante una argumentación que adolece de graves contradicciones. Para probar lo que afirmo, me permitiré llamar su atención sobre estas cuestiones:

a) Las contrapartidas que la consejera reclama del profesorado se reducen a una: aceptar un nuevo marco retributivo para lo cual será necesario que el profesorado sea evaluado. Supongo que Milagros Luis Brito no ignora que la evaluación de la función pública docente es un mandato legal establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en la que, por cierto, se establece que tal evaluación se realizará con la participación del profesorado.

A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado (art. 106.1). Pues bien, si la evaluación del profesorado es una exigencia legal que la administración pública tendrá que cumplir, ¿cómo puede ser una contrapartida en un proceso de negociación? Creo que la contradicción en la incurre nuestro Gobierno es evidente: ¿cómo se puede hacer depender una negociación de algo que es un mandato legal?

b) Por otra parte, la exigencia de un nuevo marco retributivo del personal docente no universitario vinculado a objetivos de calidad, destinados a conseguir la mejora de los resultados del sistema educativo, plantea una pregunta inquietante: ¿cree Paulino Rivero y con él todo su Gobierno que los malos resultados actuales son fruto del escaso esfuerzo realizado por el profesorado durante los gobiernos anteriores de CC y PP? Si es así, me temo que aceptar esta relación entre retribución y mejora de resultados haría de los 80 millones de euros que el Gobierno ofrece un regalo envenenado: si el profesorado acepta se declara culpable (reconoce su poco esfuerzo anterior), pero si no acepta también lo es (reconoce su nula voluntad para el esfuerzo futuro). Los que aparecen exculpados, en ambos casos, son los socios de gobierno CC y PP que han definido la política educativa durante la última década.

3.- Una retribución justa del profesorado en el marco de una educación justa

Hace muy pocos meses que los hombres y mujeres de Canarias otorgaron su confianza a un programa electoral que anunciaba una serie de compromisos orientados al logro del éxito escolar, por eso, no está demás recordar ahora que ni por entonces ni poco después en el programa de gobierno firmado entre CC y el PP se planteaba la necesidad de lograr un nuevo “marco retributivo para el profesorado” que pudiera contribuir ni a la calidad de la educación, ni a la mejora de la enseñanza, de modo que junto a las informaciones y explicaciones anteriores, el Gobierno de Canarias debe explicarnos la necesidad de ese nuevo marco retributivo y, sobre todo, qué les hace pensar que ese nuevo marco retributivo puede ser necesario para mejorar el éxito escolar.

Por mi parte y el de todo el Partido Socialista Canario, el compromiso con la sociedad canaria era claro entonces y ahora, creo que la educación debe ser ante todo justa, como lo creen mayoritariamente las familias canarias, debe atender a las necesidades de todas las personas y debe hacerlo con el mayor grado de eficacia posible. Me preocupa que el profesorado pueda ser retribuido injustamente, pero creo que la resolución de esa injusticia sólo alcanza su verdadero sentido cuando contribuye a una mayor justicia en la educación. Mi impresión, después de hablar con las organizaciones sindicales y con muchos profesores, es que la justicia que reclaman no es sólo justicia para ellos, sino que es justicia para todos, por eso mismo no terminan de comprender, ni ellos ni yo, porque razón el Gobierno de Canarias pretende gratificarlos con una cantidad de dinero por hacer el mismo esfuerzo que ya vienen haciendo, según la carta que la consejera de Educación ha dirigido a todo el profesorado, los 13,5 millones de euros que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para este año para muchos ya estaría conseguido. Muchos cumplen con creces lo que se pide para recibir el cumplimiento retributivo.

Mucho me temo que lo que el Gobierno de Canarias quiere gratificar no sea el esfuerzo realizado, sino su exculpación de toda responsabilidad por el deterioro causado a la educación durante la última década. El énfasis que, una y otra vez, en la necesidad de contrapartidas por parte del profesorado se asemeja demasiado a un dedo acusador, de modo que el reconocimiento del esfuerzo, como la invitación al análisis de éxitos y fracasos, no dejarían de ser una forma de cargarse de razones para llegar a lo esencial: el fracaso escolar en Canarias no guarda ninguna relación con la política educativa que han venido desarrollando durante más de una década los actuales socios de gobierno CC y PP.

4.- Aumentar la inversión para mejorar la educación

En más de una ocasión, a lo largo del conflicto, me he preguntado qué visión y qué explicación del fracaso escolar de Canarias puede tener el Gobierno de Paulino Rivero para estar convencidos que podría llegar a mejor significativamente o incluso llegar a resolver con una dotación presupuestaria de 80 millones de euros a pagar durante los próximos seis años, pero dado que lo primero que se solicitó ha sido una explicación ahora no volveré a dedicar mi atención a esta cuestión, sino que lo que me interesa destacar es otra cosa.

La consejera en su carta dirigida a los padres y madres acusa a los sindicatos de irresponsabilidad por solicitar un aumento salarial por valor de 420 millones de euros que pondrá en peligro el futuro del sistema educativo. Los sindicatos niegan esa cuantificación y acusan a la consejera de mentir (sitúan su valoración en 120 millones de euros). Ignoro la cantidad exacta pero me parece exigible a ambas partes de esta cuestión quede suficientemente aclarada antes de iniciar cualquier proceso negociador. En todo caso, lo que yo quisiera señalar es que si al Gobierno le parece irresponsable aumentar la inversión en educación, no debería parecerle menos irresponsable haber reducido año tras año la inversión durante la última década, mi pregunta es sencilla: ¿quién es más irresponsable una administración pública que no quiere aumentar el gasto en educación, aunque las condiciones se hayan modificado profundamente, o una administración que reduce año tras año la inversión sin tener en cuenta las nuevas necesidades y las nuevas condiciones? Creo que no necesito decir que la desinversión en educación que han realizado los gobiernos de CC y PP ha provocado un deterioro del sistema público que se hace visible en lugares como Fuerteventura, o Lanzarote, por no mencionar las zonas rurales y suburbanas de las grandes ciudades.

La sociedad canaria debe saber que el gobierno presidido por Paulino Rivero se enfrenta a un conflicto muy serio, que en el mejor de los casos, exigirá un aumento de la inversión en educación, y que lo hace sin una explicación conocida sobre las causas del fracaso escolar, sin una estrategia clara para mejorar los resultados, con graves contradicciones en su postura y persistiendo en los mismo errores de gobiernos anteriores, aunque, eso sí, dotado con 80 millones de euros que está dispuesto a entregar a cualquier educador o educadora que crea merecerlos para pagar su exculpación.

*Secretaría Regional de Educación del PSC-PSOE Saturnina Santana Dunpierrez*