Multar por jugar

La práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, está considerada como una infracción leve en el texto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada recientemente por la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cortes.

Es decir, los chicos que jueguen a la pelota en una calle, en un solar o en un descampado cometerán una infracción leve que será sancionada con una cantidad entre cien y seiscientos euros.

Es, si se quiere, una anécdota en un contexto social determinado y en el marco de una Ley calificada como mordaza con la que se demuestra que el partido gubernamental no acepta el derecho a la queja, a la discrepancia o a la protesta. La norma, en efecto, ha sido rechazada no solo por los demás grupos parlamentarios -que coinciden a la hora de señalar que será una de las habrá que revisar tan pronto como el Partido Popular abandone el poder- sino por amplios sectores y representaciones de la sociedad, entre los que cabe consignar los mismos sindicatos policiales.

Desde luego, no existe una demanda social para una Ley absolutamente innecesaria. Es como si el Gobierno buscara únicamente el retorno a un Estado policial.

¿Recuerdan, los que hoy peinan canas o los calvos, lo que sucedía en pleno franquismo cuando jugábamos a la pelota en la calle? Entonces no había campos ni polideportivos e improvisábamos cualquier cancha sobre cualquier espacio sobre cualquier pavimento. Y cuando venían los guardias municipales, a pie o en moto, cogíamos la pelota y echábamos a correr. A veces, perdíamos el juguete o nos llevábamos el reproche del policía. Tenía su encanto sortear aquel impedimento.

El mismo de ahora, solo que si te pillan, cuesta entre cien y seiscientos euros. Menos mal que la crisis ya es historia, si nos permiten la ironía.