La Ley del Menor: impunidad e indefensión

Esto traerá ineludiblemente graves consecuencias sociales que estamos empezando a ver ahora, con actuaciones de justicia paralela por parte de algunas víctimas o familiares de éstas y una progresión preocupante del fracaso y abandono escolar que no tardará en dar sus frutos en forma de exclusión social.

La actuación institucional, desde los primeros estratos hasta los últimos es simplemente inexistente, más que proponer medidas realmente integradoras, dotar de recursos humanos formados al efecto y evaluar los progresos sobre las medidas educativas aplicadas, se dedican al tintineo con los servicios sociales que sólo hacen desviar al menor de residencia en residencia , a pisos tutelados , casa de acogida o como quieran llamarles, sin seguimiento serio y sin una meta clara: reeducar para reinsertar. Pero para ello hace falta voluntad política, tópico que utilizamos cuando pensamos utópicamente, para cambiar una ley excesivamente permisiva y psicologista que no hace bien alguno ni al menor ni a sociedad que lo debe acoger.

Y si a alguien le parece exagerado este análisis sólo tiene que buscar en Internet la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y compararla con su aplicación real y observará con que descaro se incumple y que falacias la sustentan y no me pregunte por qué caballero, porque vengo de arar y tengo el lomo jodido.

Kiko García