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La igualdad es un principio fundamental que busca garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos, oportunidades y dignidad, independientemente de sus diferencias individuales. En el ámbito de la economía, también. Y lo debe ser como imperativo moral, de ahí que se exija un compromiso firme junto a acciones decididas por parte de todos los actores sociales. Solo mediante la colaboración y la solidaridad podemos construir un esquema donde la prosperidad sea compartida donde cada cual tenga la oportunidad de realizar su máximo potencial, desee llegar donde desee llegar. Por esa razón, es hora de hacer de la igualdad de oportunidades una realidad palpable, no solo como un ideal aspiracional, sino como un principio rector de comportamiento debido a la oportunidad que nos brinda la actualidad, donde se ha acrecentado la grieta en lo que a los procesos de concentración de la renta se refiere, tornándose la situación como insostenible, abrazando la premisa fundamental de la equidad económica como pilar central de una sociedad justa y próspera, no como un sueño utópico, sino como un objetivo alcanzable y necesario para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, lo que implica un reajuste profundo en las estructuras económicas y sociales, donde se tenga acceso equitativo a recursos, oportunidades y derechos.

En primer lugar, es crucial reconocer que la desigualdad económica no solo es injusta, sino que también socava los cimientos sociales porque, cuando se acumula de forma desproporcionada se distorsiona el proceso democrático, dejando a una parte de la sociedad marginada. Por lo tanto, para preservar la integridad de nuestro sistema de convivencia es necesario garantizar la participación genuina en la toma de decisiones. Para lograr este objetivo, es necesario implementar medidas transformadoras que redistribuyan la riqueza de manera justa y equitativa. En el ámbito de lo público, esto implica la implementación de un sistema impositivo progresivo que proporcione recursos para programas que promuevan la cohesión económica y social, aumentando la eficiencia en su uso, donde el compromiso ineludible de la devolución del coste fiscal sea percibido. Dentro de la esfera de la acción privada, es imperativo adoptar medidas para garantizar salarios dignos y condiciones laborales adecuadas, consensuadas todas ellas en el ámbito de la negociación colectiva.

Pero no solo se ha de medir con la vara de la economía. Los procesos de igualdad también requieren abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la exclusión y la marginalización de ciertos grupos sociales. Esto implica la adopción de políticas afirmativas que promuevan la inclusión bajo situaciones igualitarias eliminando barreras y prejuicios, así como otros impedimentos que obstaculizan el acceso a las mismas oportunidades. Es decir, no significa tratar a todas las personas de la misma manera, sino reconocer y valorar sus diferencias individuales, y garantizar que estas diferencias no se conviertan en barreras para el ejercicio pleno de sus derechos. En definitiva, no se está defendiendo un mero proceso centrado en la justicia social, sino también en un núcleo de eficiencia económica y estabilidad. Las sociedades más igualitarias tienden a ser más prósperas y resilientes, ya que promueven la movilidad social, la innovación y la cohesión social, no beneficiando solo a la parte social más desfavorecida, sino que a la contribución del bienestar general y, como no, al desarrollo sostenible, no solo desde la perspectiva ambiental, sino humana en su totalidad.

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