Que sea mentira, Pepa

Esta fue la versión que Luzardo defendió ante el juez Tomás Martín, que trata de aclarar qué pasó con el convenio urbanístico del Canódromo y las consabidas licencias de construcción, anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Una imputada está en su derecho de no declarar en su contra en un proceso judicial y no está obligada a decir verdad. Por lo tanto, para poder dormir tranquilos, debemos abrazar con mucha fe la versión de que Pepa mintió al juez en una estrategia de defensa muy respetable, aunque no por ello necesariamente exitosa.

Lo otro sería lo peor: pensar que una alcaldesa pueda tomar decisiones erróneas o ilegales en base a que tenga tiempo o no de leer los expedientes que caen sobre su mesa, equivale directamente a reclamar que se revisen todos los actos administrativos tomados durante su mandato, especialmente durante aquellos periodos en que estuvo particularmente ocupada en cuestiones ajenas a la alcaldía, como los Carnavales, las Fiestas de San Juan o el Festival de Teatro y Danza.

Por no contar las veces que hacía alguna escapada al Sur, donde se encontraba cuando se emitió aquel famoso segundo informe con el que se vestía el muñeco para dar un contrato de 8,7 millones de euros a la empresa Isolux. Ella no lo leyó porque estaba en el Sur, dijo hace unos días en un juicio, pero sí leyó el primero, el que mandó enmendar para poder consumar el escándalo.

Ya están siendo demasiadas las veces en que se descubren colosales negligencias cometidas durante los sucesivos mandatos del PP en Las Palmas de Gran Canaria (1995-2007). Los servicios jurídicos no dan abasto con los recursos y las sentencias condenatorias producto de una manera de hacer política bastante poco respetuosa con la ley. Los últimos cálculos del actual grupo de gobierno apuntan a un compromiso de 90 millones de euros para poder hacer frente a esas sentencias.

Es hora de que se regule y se ejecute la exigencia de responsabilidades personales para aquellos políticos que aprovechan la lentitud de la justicia y la autonomía que les confiere a las corporaciones locales la Constitución para gobernar con el cuentakilómetros a cero, como si la ley la fueran inventando ellos a golpe de decisiones arbitrarias.