Las tres mentiras sobre las aguas canarias

Además, la disposición adicional de la flamante ley deja claro que las cosas no van a cambiar en modo alguno, cuando afirma lo siguiente: “El trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente”. Pues eso.

Actuación internacional

Circunstancias que han quedado reafirmadas por las declaraciones efectuadas por el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos ?quien señaló que esta ley “no cambia para nada la actuación internacional de España en materia de aguas internacionales”- y, más recientemente, por el vicepresidente Rubalcaba, asegurando que el Gobierno de Zapatero no iba a mover un dedo en el camino del reconocimiento de la comunidad internacional a esa presunta titularidad de las aguas por parte de nuestra Comunidad. “Nunca vamos a comunicar cambio normativo alguno, porque no lo va a haber”, dijo Rubalcaba, en expresa referencia a que el Ejecutivo estatal no va a comunicar nada a las instituciones internacionales que velan por el cumplimiento del Derecho del Mar Internacional, que pudieran modificar el carácter de aguas internacionales que existe entre Tenerife y Gran Canaria y entre Gran Canaria y Fuerteventura.

Porque mientras el Gobierno español no declare como aguas jurisdiccionales españolas las actuales aguas internacionales interinsulares y se someta al arbitraje multilateral de los organismos del vigente Convenio Internacional del Mar no habrá cambios en este asunto.

También Rubalcaba reconocía públicamente que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ATI-CC no va a suponer un incremento de competencias para Canarias. Ni siquiera sobre las actuales aguas de soberanía española (12 millas sobre el perímetro de cada isla). Para lograr mayores competencias sería necesaria la ampliación del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y una modificación del Estatuto de Autonomía que en su artículo 2 debería contemplar a las aguas de jurisdicción española e incorporar nuevas competencias acordes a esa nueva realidad territorial

Superficie y financiación

Mayor hilaridad causa, si cabe, el que Rivero asevere que, con la ley aprobada en el Congreso, las Islas aumentarán su superficie hasta los 50.000 kilómetros cuadrados. Ahora, en una nueva pirueta, intenta vender que de aprobarse esta ley ATI-CC “irá al asalto” de más fondos estatales en la financiación autonómica al pasar a ser Canarias la cuarta comunidad en superficie de España. Nada más lejos de la realidad, puesto que la proposición de ley sólo habla de que las “aguas canarias constituyen el especial ámbito marítimo de Canarias”, sin que en absoluto se pueda desprender que eso altera la variable de superficie del Archipiélago, uno de los criterios de reparto (que, además, sólo representa el 1,8% de la distribución global) en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que según la nueva Ley de Financiación Autonómica “se lleva a cabo en función de la superficie territorial en kilómetros cuadrados de cada Comunidad Autónoma publicada por el INE”.

Además de ser falso que Canarias vaya a crecer territorialmente, la tozuda realidad es que los criterios de reparto de los recursos para financiar las competencias trasferidas ya quedaron establecidos en la Ley de Financiación aprobada en 2009 cuando Soria y Rivero firmaron el nuevo mapa de la financiación autonómica en el que el Archipiélago salió perdiendo 545 millones de euros anuales por la pésima defensa que ambos hicieron de nuestros intereses; y donde fueron incapaces de que se respetara el criterio de la insularidad, que tiene cobertura constitucional y estatutaria. Este debate sobre la financiación no volverá a abrirse hasta dentro de una década. En consecuencia es indignante que el presidente canario trate de apuntarse un tanto intentando una vez más engañar a los ciudadanos con tan burdos argumentos, que quedarán desmentidos en las cuentas de 2011 cuando Canarias no ingrese ni un euro más por este concepto.

En NC siempre hemos reivindicado la delimitación de las aguas integradas en el contorno perimetral que configura los puntos extremos de las Islas y los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias, así como la transferencia del máximo de competencias posibles sobre las mismas. Sin embargo, somos conscientes de que se trata de un asunto que debe resolverse en un ámbito más amplio que una reunión bilateral entre partidos y que requiere inexorablemente la voluntad del Ejecutivo central de modificar ante los organismos competentes internacionales la actual situación, cosa que se ha negado a realizar con claridad.

Considero, por tanto, que nos encontramos ante un triple engaño. Ante un simple cambio de denominación que ni da a Canarias la titularidad sobre sus aguas interiores ni elimina el vigente carácter de aguas internacionales en una buena franja entre Tenerife y Gran Canaria y entre Gran Canaria y Fuerteventura (la situada después de las 12 millas), ni supone una competencia más ni aumenta ni un centímetro la superficie de la Comunidad Canaria. Aquí lo que comienza a ser histórico es el recurso al engaño y a la propaganda, como se evidencia con el Plan Canarias o con la promesa de los 80.000 empleos.

Román Rodríguez