Las necesarias cajas de ahorro por Aníbal Santana Lorenzo

Ante este panorama, se ha abierto un debate en nuestra sociedad sobre su futuro y, dentro de él, se observa la aparición de dos corrientes de opinión e influencia: una de ellas tendente a su privatización, a la que se ha sumado -de nuevo sin que nadie lo haya llamado- el F.M.I. (otra vez el mercado manda y la política obedece) y la otra, aún con aristas sin definir suficientemente, que recorre un segmento largo de variantes, desde las fusiones puras y duras hasta lo que se ha venido en llamar “fusiones frías” o S.I.P., consistentes en centralizar servicios, manteniendo el nombre, el ámbito local de actuación, etcétera, de cada una de las asociadas,? ¡que después ya se verá qué hacemos!. Parece muy claro que, como tantas otras veces, las patitas de los lobos financieros empiezan a asomar bajo la puerta, siempre convenientemente espolvoreadas de harina.

Las Cajas han tenido un papel importante en el desarrollo de nuestro país, desde su nacimiento, cuando los primeros Montes de Piedad surgieron con el fin de luchar contra la usura y para ayudar a las clases más modestas, hasta las modernas Cajas actuales que representan casi el 50% del sistema financiero español, algunas de ellas con tamaño considerable, como La Caixa o La Caja de Ahorros de Madrid.

Desde mi personal punto de vista, las Cajas pueden y deben seguir desarrollando su actividad, aunque otorgándoles otro enfoque conceptual que implicaría una consecuente línea de actuación diferente de la actual, variación que podría resumirse en la profesionalización de sus consejos de administración, procurando alta cualificación en sus miembros, alejados de la influencia y la “contaminación” política que ahora sufren y que es una de las causas de su fragilidad ante la competencia. Con esto se impediría que intenten privatizarlas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o el Guiniguada por Las Palmas, bien en descarada forma directa, o sinuosa y sibilina como creo que se esconde tras la propuesta de las SIP.

Evidentemente, tomar esta decisión requiere redaños políticos, pues se trata de enfrentarse a los 17 reinos de taifas (léase autonomías) que co-gobiernan España y que, es verdad que unos más que otros, no parecen que estén dispuestos a soltar el poder y la capacidad de influir que ostentan desde los consejos de las Cajas, aun cuando ese camino les lleva a perder todo: las propias Cajas y, por tanto, los instrumentos de mando que ahora dicen tener con ellas.

Mientras no se demuestre la existencia de cualquier otra circunstancia que pueda alegarse como causa insalvable que imposibilite tal objetivo ?y no se me alcanza ninguna que entienda sin solución- desde mi punto de vista sería un “delito” político no trabajar decididamente para impedir que estas importantes entidades financieras terminen privatizadas o, lo que es aún peor, en manos de la gran banca privada, la cual ya nos viene concediendo a diario esclarecedores ejemplos de su carácter depredador y egoísta, con nula solidaridad y ánimo de colaboración en la solución colectiva de la crisis financiera que padecemos.

Por ello, ante tamaña ?y probable- desmesura, propongo una alternativa.

Si analizamos la composición de préstamos y créditos concedidos por las cajas y bancos españoles a partir de la crisis, comprobaremos que una cantidad muy importante se sostienen, directa y exclusivamente, en fondos del Instituto de Crédito Oficial (I.C.O.); es decir, usando “nuestro” dinero público que, ante la crisis, el Gobierno de España ha tenido que hacer circular con destino a empresas y profesionales, utilizando para ello la red de oficinas bancarias y de cajas de ahorro, quienes actúan como simples operadores, aunque, encima, también ganan dinero por ello.

Estamos entonces, con evidencia, ante funciones de banca pública realizada a través de redes privadas, con el agravante de que éstas salen beneficiadas, y sin riesgos, ya que el Instituto responde en la mayoría de los casos de los impagos que se produzcan.

Ante esta situación, me planteo y quisiera abrir un debate sobre la gran pregunta que aparece con inmediata consecuencia: ¿Por qué tenemos una banca pública “de tapadillo” (préstamos I.C.O.), pudiendo tener una gran banca pública, clara y diáfana, que debe surgir de las Cajas de Ahorro?.

El funcionamiento actual de las Cajas tiene todas las ventajas para abordar con facilidad la operación: en primer lugar, porque ya son entidades cuya “propiedad” no recae en personas físicas o jurídicas y, por tanto, no pueden ser calificadas ni juzgadas como entidades privadas; en segundo lugar, porque tienen una implantación nacional con un extraordinario despliegue territorial mediante la suma de sus redes de oficinas que llega al último rincón, mucho más allá del ámbito que abarca cualquier banca privada; y con un tercero y, en mi parecer el más importante motivo: que la Cajas gozan de una amplia popularidad basada en la cercanía localista al cliente y de una experiencia y penetración considerable en el mundo financiero global.

Es probable ?no lo niego- que existan otras distintas formas de articular esta propuesta, pero ahora yo me limito a aportar una, que además es posible y entiendo fácil: basta la voluntad política.

Sugiero que haya una sola Caja que integre y unifique a todas las existentes en este momento, una Caja ?llamémosla “central”- que ya tiene embrión y naturaleza: la Confederación Española de Cajas de Ahorros (C.E.C.A.). Ésta actuaría como reguladora del sistema. A partir de este núcleo y sus directrices generales, operarían las otras 17 subsidiarias, una por cada Comunidad Autónoma. Entiendo además muy conveniente que, en aquellas en las que haya más de una Caja, se produzca la fusión entre ellas, actuando la resultante como única en ese ámbito territorial.

Por supuesto, existiría un Consejo de Administración central, a nivel nacional, con la responsabilidad de definir la política económica y financiera global de la entidad y su eficiente coordinación, impulsando acciones y trazando objetivos comunes, así como fijando la composición, los criterios y el alcance del riesgo asumible.

Luego estarán los diversos consejos territoriales (si se observa, la organización de la gran banca española difiere muy poco de esta estructura) los cuales serán competentes, entre otras funciones, de proponer al consejo central la distribución genérica de las inversiones en préstamos y créditos de la región, de coordinar y dirigir la red de oficinas de cada autonomía y de ordenar el reparto de los fondos destinados a la Obra Benéfico Social (O.B.S.), aquí con total independencia de criterio dentro de los límites de su territorio.

En este último apartado es donde las distintas fuerzas políticas regionales, en proporción a la influencia política que le otorguen democráticamente los votos, podrán ejercer sus criterios con toda nitidez.

Para la composición de los diferentes Consejos ?desde el central a los distintos autonómicos- sostengo que debe hacerse todo el esfuerzo para consensuar fórmulas que aseguren el nombramiento de personal cualificado profesionalmente, en la consecución obligada de la mayor eficacia y competitividad frente a la banca privada, poderosa adversaria en la captación de mercado y venta de productos.

Insisto en que estamos en una encrucijada importante y que de la decisión que ahora se tome y de los criterios de responsabilidad que se apliquen en ella, lograremos Cajas de Ahorros públicas, con la oportunidad de ser piezas claves de regulación y hasta de arbitraje en el panorama financiero, o, simplemente, éstas desaparecerán en el interés de la gran banca privada, como así ha ocurrido ya en la mayor parte de los países europeos.

Porque, en mi opinión, el empeño por lograr las llamadas fusiones frías no tiene otro motivo que bordear pusilánimemente el enfrentamiento con las autonomías, para en un momento posterior devolverlas bajo el paraguas ?o el motor- de un banco (con lo que la privatización ya se habría consumado), banco que, al fin y a la postre, ejercerá el control como mejor convenga a sus intereses, embridando cualquier acción que mínimamente pudiera afectarle negativamente o que amenace siquiera en competir con sus particulares y específicas actividades y objetivos. Como ejemplo ilustrativo, conviene recordar que gran parte del negocio de la Caja de Ahorros de Castilla-la Mancha lo “tuvo” que comprar un banco, por mucho que éste apareciese dependiente de la Caja de Ahorros de Asturias.

La miopía que demuestran los distintos “líderes” regionales con el fin de no perder el poder que ostentan sobre “sus” respectivas Cajas, impidiendo con ello la imprescindible profesionalización de los consejos así como las fusiones inter-regionales, pronto les presentará factura y su ramplonería, mediocridad e incapacidad para mirar por encima del muro, nos llevará a todos a perder un eficaz instrumento financiero público, o semi-público ?con aún más capacidad de trabajo a favor del interés general en tiempos de crisis- y, más pronto que tarde y de forma igualmente inevitable, la inacción de esos líderes acabará, además, dejándoles sin el juguete de “sus” cajas con las que ahora presumen de poder.

Porque, si finalmente no llega la luz, la cordura y los remedios en favor del interés general, cuando las Cajas sean historia y, con ello, ya suframos las consecuencias de entregar todo el poder financiero a la gran banca privada, tendremos que parafrasear a Bill Clinton en su manida reflexión, que vendrá entones al pelo: “¡son los mercados, estúpido!”

* Economista.

Aníbal Santana Lorenzo*