Norma para la extranjería

Los sucesos contrastan con el dato positivo de la significativa reducción de la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas durante el último año. En Canarias, la disminución es aún mayor, especialmente tras aquella tragedia de Lanzarote, en la que perdieron la vida veinticinco personas. La difusión de los peligros, la misma crisis de la que deben tener noticia en cualquier latitud africana, los replanteamientos de las organizaciones que trafican con seres humanos, los dispositivos de disuasión puestos en marcha, las políticas de cooperación al desarrollo en los países “emisores” y la acción diplomática se supone que han ido mitigando un fenómeno que alcanzó proporciones de tragedia humanitaria no hace mucho tiempo.

Contrastan también los sucesos italianos con la aprobación de la cuarta modificación en ocho años de la Ley de Extranjería que contó, si la memoria no es infiel, con los votos favorables de los grupos parlamentarios de PSOE, CíU y CC. El número de revisiones revela que la inmigración es un fenómeno evolutivo que conviene ir tratando cíclicamente, a medida que la realidad va ofreciendo nuevas aristas que exigen nuevas respuestas.

La vigente Ley de Extranjería fue parida con voluntad de corregir elementos que discriminaban y de mejorar los procesos para lograr que la inmigración sea legal y ordenada, sin perjuicio de potenciar los factores de integración. Se trata, en esencia, de fomentar la convivencia y la integración social por parte de todas las administraciones públicas; de ampliar las garantías de los derechos de los extranjeros en los procedimientos sancionadores y de mejorar el régimen de atención a los menores inmigrantes no acompañados.

Ahora que España preside la Unión Europea (UE), conviene recordar que ésta no puede permanecer insensible o indolente. La inmigración afecta en mayor o menor medida a sus países miembros, luego requiere de políticas que traten adecuadamente este fenómeno. Hay que dar un impulso a una política migratoria concertada, profundizando, hasta donde sea posible, en medidas ya puestas en marcha como el enfoque global sobre migración o la Agencia Europea de Fronteras.

La Ley debe ser elemento primordial para afrontar una materia tan delicada y tan controvertida, sobre todo, en tiempos de recesión económica. Es materia que, en el campo concreto de la migración, requiere el más amplio consenso político y social. Los resultados de la aprobación definitiva de la norma demuestran la dificultad de ese consenso y que ojalá sean mejores en asuntos aún pendientes como la gestión de los flujos migratorios y los términos de la denominada comisión laboral tripartita.

Lo importante: que la norma, a la hora de ser aplicada, sea tan equilibrada y garantista como algunos de sus mentores se apresuraron a destacar. Sobre todo, para evitar esas reacciones racistas y xenófobas que tanto inquietan.