No se puede jugar con la ilusión de las personas por José Antonio Quintana Santana

Me presente en año 1990 a un proceso selectivo para trabajar como funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias, y descubrí que me engañaron a mí y a miles de opositores; jugaron con ilusiones de miles de personas que se presentaban en busca de un empleo público.

Yo lo supe, porque fui quien descubrió el hecho, la mayoría del resto de opositores creo que no se enteraron, aunque salió en la prensa, por cuanto se incoaron diligencias penales.

En aquel momento comprendí por qué hay tantos familiares de funcionarios y de políticos trabajando en la Administración Pública, muchos de ellos, que en el trato a diario con el administrado, vemos que carecen de vocación de funcionarios; van a cumplir su horario y a cobrar su sueldo a fin de mes, y así nos va.

Y los políticos y altos cargos que no se cortan un pelo en enchufarlos, llevándoles a muchos, su ignorancia, a jactarse públicamente de tal hecho, de colocar a sus allegados o familiares.

Creo que donde más delitos por funcionarios y autoridades se comenten, y la mayoría quedan impunes es en la contratación de personal laboral y funcionario al servicios de las Administraciones Públicas, vulnerando los procedimientos selectivos, y los principios legales y constitucionales de acceso a la función publica de publicidad, capacidad, merito, e igualdad de oportunidades.

En este tipo de contratación, en ocasiones, no siempre, prima el principio de la recomendación, y si pueden si es necesario, no dudan y se atreven a cometer delitos para enchufar a sus recomendados.

La mecánica suele ser que crean plazas de interinos de por vida, y si pueden no las cubren con funcionarios titulares, o crean plazas a la medida para dárselas a la persona interesada con determinados meritos a valorar más que otros, esa otra formula de garantizar el enchufe, etc.

Y si denuncias los hechos, nadie los investiga, porque la mayoría de los funcionarios, que tienen que esclarecer los hechos, están metidos en el ajo, como se dice vulgarmente.

Y volviendo a lo que me refería al principio, digo yo que me engañaron, o estafaron, como a miles de personas, porque para presentarme al proceso selectivo me hicieron pagar una cantidad en concepto de tasas de examen, hacer cola para a pagar, y para presentar la instancia, comprar temarios, ir a examinarme varias veces, ir a ver las notas que obtenía en cada examen, perder mi dinero y mi tiempo en definitiva, y luego resultó que todo el proceso selectivo fue un engaño, un trámite formal, carente de contenido material.

Al descubrir el hecho, y otros que sucedieron posteriormente, llegué a pensar yo, en mi fuero interno, por el trauma sufrido, que el Estado se comportaba como una organización de tipo criminal, sintiendo cierta animadversión hacia las instituciones, después de lo que me había pasado.

En aquel caso, y esto lo digo porque lo puedo demostrar al tener pruebas fehacientes, el modus operandi consistió en que determinados opositores que aparecían en la lista de aprobados, que se examinaron en el aula junto con los demás opositores en presencia del tribunal designado al efecto, posteriormente, por la causa de que no habían hecho bien el examen y por tanto no podían superar el proceso selectivo, ni estar en la lista definitiva de aprobados, hicieron de nuevo el examen desarrollando el tema que había salido, destruyeron los exámenes originales y los que habían hecho de nuevo los sustituyeron por los que habían hecho en el aula, para dar así apariencia de que habían superado el proceso.

Para realizar tal conducta los encartados tuvieron necesariamente que contar con la connivencia de determinados miembros del tribunal de la oposición que custodiaba los ejercicios.

En cuanto a las actas de las reuniones del tribunal, de las reuniones de correcciones de exámenes, de calificaciones, etc. existían también irregularidades formales que permitía que el proceso no tuviera las garantías debidas de control, y que permitía que se le cambiase las notas a determinados opositores para aprobarlos y así que superaran el proceso selectivo.

La Administración Pública conociendo los hechos nunca hizo nada; en vez de personarse en los procesos que se incoaron y coadyuvar a que se esclarecieran los hechos, simplemente no hizo nada; con su conducta desde mi punto de vista se convirtió en encubridora de los autores de tal hecho.

Cuando descubres esos hechos, una persona como yo que me pegué estudiando la carrera de derecho varios años, estudiando la Constitución del 1978, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el principio de legalidad, el concepto de estado de derecho, el control de la legalidad de la actuación administrativa por los tribunales, etc., el mundo se me vino abajo, los esquemas que tenia del estado, del derecho y de las instituciones, por momento, se quebraron; sentí una gran frustración. Con el paso del tiempo lo he ido superando.

Luego, lo vemos a diario en la prensa, te encuentras con magistrados, que lo que para unos es delito, para otros no lo es; la práctica diaria demuestra que los jueces y tribunales tienen muchos recursos por donde escapar al presunto delincuente o escaparse ellos cuando se ven comprometidos y no entrar en la enjundia del problema, quitándose el asunto de encima.

Vemos que en determinados delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas, -no en todos,- si te quieren procesar te procesan y si no te quieren procesar, tienen miles de argumentos para orillar el problema, se salen por la tangente, o por las ramas y archivan el caso.

Esto no hace falta que yo lo diga, todos lo vemos a diario, lo que para un Juez instructor es delito, para el juez de la Audiencia o del Tribunal Supremo que revisa su decisión vía recurso de apelación o casación no lo es, o viceversa.

Quiero dejar claro, que habrá que estudiar caso por caso, pero esa es la impresión que te da la noticia o el titular de la prensa, que es lo que te llega día a día, en los casos más sonados de corrupción que salen a la opinión pública.

Con este tipo de corrupción, tolerancia cero, porque se está jugando con la ilusión de muchos jóvenes, y no se pueden poner en entredicho los principios del estado de derecho.

En cuanto a lo que nos ocupa, concluyo diciendo, y es el mensaje que quiero transmitir y que me animo a escribir este artículo, y por lo que TODOS tenemos que luchar, y lo políticos comprometidos tienen que dar respuesta, es que TODOS los ciudadanos, TODOS sin excepción, tenemos el derecho subjetivo a acceder en condiciones de igualdad a los empleos y cargos públicos, sea como personal laboral o personal funcionario, fijo o eventual, y eso un derecho fundamental del que nadie nos puede privar, y se hace necesario legislar, crear leyes y reglamentos de procesos selectivos de obligado cumplimiento en todas las Administraciones y Empresas u Organismos Públicos, que sean lo más claros y transparentes, donde se respeten al máximo los principios de legalidad, merito, capacidad e igualdad, publicidad y transparencia, y dejar el mínimo de discrecionalidad posible a los Tribunales de oposiciones y concursos en la selección y contratación de personal laboral y funcionario, para acabar con la arbitrariedad y la desviación de poder y que no pasen estos abusos y estas corruptelas que es fácil descubrir, por cuanto todos los procesos selectivos tienen que ser reglados y todo queda escrito, y asÍ todos los ciudadanos podamos acceder, si queremos a la función pública en condiciones de igualdad, por el simple hecho de serlo.

Y exigiendo también del legislador que se reforme el Código Penal y se tipifiquen todas estas conductas, estableciendo penas graves para castigar duramente a los responsables de su comisión e imponiéndoles penas de inhabilitación absoluta, para que jamás puedan volver a ocupar cargos y empleos públicos de por vida, ni vuelvan a jugar con las ilusiones de los jóvenes.

José Antonio Quintana Santana