Poner orden en los puertos canarios

Los puertos canarios tendrían que ser unas instalaciones puestas al servicio de la prosperidad y desarrollo de esta tierra y de sus ciudadanos y no de unos cuantos empresarios o de las ambiciones políticas de determinados dirigentes, y de trabajadores más que privilegiados que ostentan un poder adquisitivo superior al del resto de los que dependen de un salario.

Pero desgraciadamente no es así. Parte de la culpa del encarecimiento de los productos que consumimos, y en especial de la cesta de la compra en las Islas, proviene del mal funcionamiento de los puertos. Los costes, los fletes, los servicios que ofrecen son caros, la rentabilidad que muchos intentan extraer es elevada y para unos cuantos capitalistas el puerto se ha convertido en una mina, en detrimento de la mayoría de la población. Aparte que se está descuidando el control que debe haber en los puertos con respecto a las inspecciones fitosanitarias, a la entrada de plantas, frutas e incluso animales en peligro de extinción, de forma ilegal, que han propiciado el establecimiento en estas islas de cerca de un centenar de plagas que perjudican nuestra agricultura y hasta las especies endémicas, o que van en contra de las producciones de productos alimenticios canarios. Ya la agricultura de autoabastecimiento, formada generalmente por empresas familiares, viene languideciendo desde hace años en esta tierra, por la desidia de los respectivos gobiernos que se han sucedido en la comunidad autónoma, y, por si fuera poco, los agricultores que van quedando tienen que gastar el poco dinero que ganan en la lucha contra estas plagas.

Los puertos tendrían que funcionar de forma verdaderamente autónoma y eficaz, no según el rumbo y los criterios que le marquen los partidos que en esos momentos estén en el poder en cada autonomía y los “lobbies” empresariales. Creo que ya es hora que se ponga un poco de orden en lo que se denomina Autoridad Portuaria, y que se vea realmente que esa “autoridad” existe.

Estamos asistiendo al espectáculo de una cúpula empresarial que intenta torpedear y dañar una sentencia de los tribunales de Justicia, en el caso de la admisión del empresario Félix Santiago, por existir una coalición de intereses entre esos empresarios y el gobierno de Canarias.

Una confederación de empresarios que quiere echar y hacer callar a uno de sus miembros porque no se muestra dócil a las manipulaciones y presuntas irregularidades que se producen en el seno de la Autoridad Portuaria, o que se escuche su voz libre e independiente de todo el sistema que ha imperado hasta ahora.

Pero como en esa confederación hay otras voces discordantes parece que se está resquebrajando ese pretendido bloque uníforme que había, ante lo que consideran un atentado contra los derechos y libertades de quienes no dicen amén a las decisiones mayoritarias, que no siempre son acertadas.

José M. Balbuena Castellano