Primera batalla

La comunidad educativa y, en general, una amplísima mayoría social ganó este miércoles su primera batalla de la guerra contra la Lomce. El mismo Gobierno que aprobase en 2013 una de las más polémicas y contestadas leyes educativas de la historia democrática de España se ha visto obligado a admitir, tres años después, que ni la evaluación ni ningún otro aspecto del proceso educativo puede ser utilizado jamás para segregar.

No obstante, no nos conformamos con este gesto. Las reválidas no deben estar presentes ni siquiera como hechos testimoniales, que es la situación en que permanecerían tras el anuncio de que quedarán sin efecto para la obtención del título mientras continúan exigiéndose para el acceso a la universidad.

Resulta evidente que la reválida se ha revelado como un mecanismo ineficaz que nada tiene que ver con la calidad educativa. Desde que conocimos el contenido de la Lomce, desde el PSOE manifestamos que estas pruebas debían aplazarse y, ahora, volvemos a insistir en que esa flexibilización es absolutamente insuficiente: queremos su total eliminación y la derogación integral de la Lomce.

La ley del entonces ministro Wert será siempre recordada por la enorme oposición que generó en materia política y social. El Gobierno del PP decidió unilateralmente sustituir la LOE –la ley educativa más consensuada y dialogada de la historia- por una nueva norma que no vino sino a convertirse en la expresión de la incapacidad del Ejecutivo de propiciar acuerdos en educación y de responder a la aspiración a la tan ansiada estabilidad del sistema educativo español.

El desprecio a la comunidad educativa y a los interlocutores políticos y sociales fue la base en torno a la que giró todo el desarrollo de un texto que, recordemos, impone unos planteamientos segregadores e intervencionistas, nació sin una memoria económica creíble, conculca el principio de igualdad, devalúa la FP, organiza el currículo de manera antipedagógica, niega la diversidad lingüística de las comunidades autónomas, impone la recentralización educativa, limita la participación de la comunidad educativa y ataca a la equidad del sistema público, instalando un modelo elitista, economicista e impropio de un Estado aconfesional.

Sólo este año, y como consecuencia de la nueva mayoría parlamentaria tras los procesos electorales, el Congreso ha tumbado dos veces la Lomce y el PP ha vuelto a quedarse solo en su defensa. La última vez fue a principios de este mes, con 173 votos a favor de una nueva propuesta para paralizar el calendario de implantación, 34 abstenciones y los 133 votos en contra emitidos por el PP. El hecho de producirse este trámite con un Gobierno en funciones hace que la iniciativa pierda su valor, pero es indiscutible el nuevo revés que esto representa para el Ejecutivo ‘popular’.

Ahora el PP da un paso atrás con un sistema de reválidas que, como tanto se denunció en estos años, animaba a desconfiar del profesorado y no suponía ventaja alguna en cuanto a la formación integral del alumnado. Igualmente importante es recordar que la Lomce también ha servido para dejar fuera una asignatura tan importante como Educación para la ciudadanía, esencial para la educación en unos valores democráticos que el PP desprecia continuamente.

En el PSOE apostamos por la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el educativo. La educación debe ser siempre un proceso integrador, de crecimiento personal, intelectual y social del alumnado. De ningún modo puede convertirse en un privilegio, por lo que es necesario trabajar con rigor y responsabilidad. Es mucho lo que nos jugamos; hablamos de darles o no a las nuevas generaciones la posibilidad de tener el futuro que deseen, de gozar de unos niveles de calidad óptimos, de recibir una formación completa, de desarrollar su espíritu crítico y de muchísimas cosas más. También queremos que España esté a la altura de los objetivos 2020 de la Unión Europea, porque estamos cansados de este largo viaje siempre en el vagón de cola.

Continuaremos defendiendo un gran pacto educativo por la estabilidad del sistema en España, por la mejora de la calidad. También debemos reiterar que los poderes políticos y las instituciones deben tender a la cercanía al contexto educativo, no ser meros espectadores que siguen desde lejos una secuencia de hechos como si nada tuviese que ver con ellos.

Desde el diálogo social y político, volvemos a animar al PP a que dé ese paso valiente, diga adiós a la Lomce y se sume a la apuesta ciudadana por una educación igualitaria y de calidad. Para ello, será necesario que el Gobierno del PP revierta todas las reformas educativas ideológicas realizadas en estos años.