Las putas y la libertad de expresión

Así de cruda es la historia. En España la prostitución mueve 18.000 millones de euros al año. Casi 300.000 mujeres ejercen este oficio. Entre tantas miles habrá muchas que lo eligen, que están dispuestas a alquilar sus servicios sexuales, a poner su sexo en el mercado como otros ponen sus manos (albañiles), sus piernas (futbolistas), su cabeza (¿periodistas?). Se vende sexo porque se compra sexo, así de simple, así de sencillo. Hay putas porque hay putañeros. Otra cosa es que esta sociedad está dispuesta a perdonar al que paga por el sexo pero no a la que cobra.

Pero ese debate ya debería estar superado. Que cada uno venda o alquile la parte de su cuerpo que quiera. Ese no es el debate. No hablamos de prostitución, hablamos de secuestro, de humillaciones, de maltrato a mujeres. Hablamos de mafias, de traficantes de personas. Según diferentes organizaciones sociales la mayoría de las 300.000 prostitutas que hay en España no eligieron ese oficio. Fueron engañadas, cayeron en redes de traficantes de mujeres, se endeudaron con los mafiosos, les quitaron el pasaporte y las tienen secuestradas en esos lugares que los periódicos anuncian como “casas de relax” pero en realidad son zulos montados por mafiosos.

Una comisión del Congreso de los diputados realizó un estudio en el año 2007 y llegó a la conclusión de que los principales periódicos de papel ganan cada año 40 millones de euros por los anuncios de prostitución. Estamos hablando de más de 110.000 euros al día. Por eso los editores españoles acaban de poner el grito en el cielo ante la petición del gobierno de suprimir los anuncios de prostíbulos. En uno de los comunicados más indecentes para la profesión periodística que se hayan escrito jamás, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) señaló hace unos días que suprimir los anuncios de prostitución “vulneraría los derechos fundamentales reconocidos en la constitución referidos a las libertades de expresión e información”.

No se conoce ningún comunicado de la AEDE ante diferentes sentencias judiciales que han intentado amordazar a periodistas, tampoco se han pronunciado ante las presiones del poder político y económico sobre profesionales de la información que intentan ejercer su profesión con independencia y dignidad, tampoco han criticado las presiones de empresas como Endesa o los bancos que retiran campañas publicitarias de los diarios que publican noticias críticas con esas compañías, tampoco han escrito nada sobre la utilización de dinero público por parte de distintos gobiernos para castigar a periódicos que han mantenido líneas editoriales críticas con esos gobiernos.

Estamos hartos de ver en los periódicos de papel reportajes que denuncian la indignidad de la prostitución callejera. En verano suelen publicar noticias sobre la prostitución en Cuba, sobre el turismo sexual, y nos pintan las calles de la Habana como un inmenso prostíbulo. La dignidad debe estar reservada para los miles de burdeles que aparecen en sus páginas, los mismos periódicos que hacen negocios con los chulos de alto postín se erigen en defensores de la dignidad de la mujer que vende sus servicios en una esquina de Barcelona. Hablando de dignidad quizá alguna de esas prostitutas callejeras, si no tienen encima a un chulo que hace de intermediario, cobran más que muchos redactores de periódicos.

Para los señores editores de periódicos la libertad de expresión y el derecho a la información no peligran por las presiones de los poderes económicos y políticos. Todo se reduce al negocio publicitario, coge el dinero y corre. Da igual que el dinero venga del negocio de unos secuestradores y maltratadores de mujeres. Como decíamos ayer ante esos políticos que presentan facturas de bragas para justificar el gasto de dinero público, hoy debemos emplear la misma expresión para referirnos a estos guardianes de la libertad de expresión: ¡en manos de quiénes estamos!

PD: No hace falta que les diga que este artículo no hubiera pasado el filtro de la censura en cualquiera de los periódicos de los señores de la AEDE. ¿Libertad de expresión?

Juan García Luján