Tras la Conquista, se creó en cada isla un cabildo autónomo para su gobierno. El presidente de la Audiencia y los capitanes generales eran las únicas autoridades regionales. A ambos los nombraba la Corona al servicio de su política centralizadora, agudizada en su momento por el absolutismo borbónico. En lo económico, las necesidades cotidianas sentaron las bases de las exenciones fiscales y de las libertades comerciales. El siglo XVI fue de predominio grancanario que acabó con el hundimiento del azúcar y no sólo simbólicamente, con la destrucción en 1599 de Las Palmas de Gran Canaria por Van der Does. Siguió el ciclo del vino que elevó a Tenerife y a su Cabildo al primer plano, lo que determinó que los capitanes generales trasladaran su residencia a esta isla desde Gran Canaria.Fueron siglos en que las autoridades reales, apoyados por la monarquía, drenaron las autonomías de los cabildos que llegaron a finales del XVIII, a las puertas de la guerra con Francia que abrió el XIX, reducidos a nada y con los capitanes generales erigidos en auténticos virreyes; acabaron por trasladarse de La Laguna a Santa Cruz, donde se identificaron con la naciente burguesía mercantil santacrucera frente a la aristocracia lagunera atrincherada en el Cabildo. Ésta fue una de las claves de la capitalidad única santacrucera.La guerra con Napoleón creó un vacío de poder que llevó a la creación de juntas de gobierno en toda España. En ese contexto, se proclama la Junta de La Laguna que quiso recuperar el esplendor del decadente cabildo y convertirse en Gobierno del archipiélago. Gran Canaria se rebeló, creó el Cabildo Permanente a la contra y quedó institucionalizado el pleito.Un siglo después, el majorero Manuel Velázquez Cabrera lanzó su “plebiscito” de las islas periféricas para zafarlas del odioso pleito, precedente inmediato de la ley de Cabildos de 1912. Ésta pudo ser la solución del conflicto, pero se frustró. El caso, a lo que iba, es que el Estatuto desconoció los antecedentes de la Junta lagunera y de 500 años de cabildos. Copió los estatutos peninsulares sin ver que el Gobierno regional es un cuerpo extraño a la tradición autonómica de las islas. Repiten la historia quienes no aprenden de ella. Y de la cosa fiscal y comercial ni les cuento.