La Renta canaria contra la pobreza

El Parlamento de Canarias aprobó esta semana dos leyes trascendentales que no solo marcan la legislatura, sino el presente y el futuro de las Islas. Por un lado, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, esencial para la descarbonización de las Islas y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible. Por otro, la que instaura la Renta de Ciudadanía de Canarias, determinante para combatir la pobreza y la exclusión social. Ambas forman parte de los compromisos establecidos por el Gobierno de Progreso y confirman el trabajo, la unidad y el cumplimiento del programa pactado entre PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG tras las elecciones de mayo de 2019. Me referiré en esta reflexión a la Ley de Renta de Ciudadanía, que se sustenta en nuestro reformado Estatuto, y que alcanzó en su votación la unanimidad de la Cámara canaria.

En primer lugar, hay que señalar que con la Renta de Ciudadanía de Canarias se trata de responder a los históricos problemas de pobreza y desigualdad de nuestra Comunidad. Y a lo que señala el Estatuto de 2018 en su artículo 24: “Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes. Los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”. Para configurar un estado social fuerte son esenciales la universalidad y gratuidad de la educación y la sanidad, que constituyen un determinante elemento de equidad.

Empleo

Desde el canarismo siempre hemos trabajado en esa línea. Preocupados por la generación de riqueza redistributiva y empleo en nuestra tierra, en lo que se ha avanzado significativamente en esta legislatura pese a las graves crisis sufridas en estos años. En el pasado mes de noviembre tuvimos en Canarias el registro histórico más alto de afiliaciones a la Seguridad Social (872.068); y los datos de registro de desempleo son mejores que los que teníamos antes de la pandemia, con cifras solo comparables con las de 2008, pese a que desde entonces hemos crecido en casi 300.000 habitantes, la mayoría por procesos migratorios de personas procedentes en su inmensa mayoría del Estado español y de la Unión Europea. 

Pero, además de mejorar el acceso al empleo, hay que buscar soluciones para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante fórmulas que ayuden al desarrollo de una vida digna. Así se intentó en la legislatura 2011-2015, cuando NC fue la primera en plantear en el Parlamento de Canarias un Plan contra la Pobreza que afrontara la grave situación que habían dejado las políticas de austeridad y recortes adoptadas en la crisis económica iniciada en 2008. Un Plan implementado mediante políticas coordinadas y sumando recursos económicos de las corporaciones locales, de la Comunidad Canaria, del Estado y de las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Fue rechazado, como ocurriría en la siguiente legislatura, 2015-2019, con nuestra proposición de ley de renta básica, que tampoco prosperó por el rechazo de la mayoría conservadora de la Cámara.

Presupuestos estatales

Un planteamiento que llevamos, también, al Congreso de los Diputados. Consiguiendo que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 se incluyera por primera vez una partida destinada a la lucha contra la pobreza en las Islas; destacando que estas ayudas deberían mantenerse mientras Canarias se encuentre por encima de la media estatal en pobreza, asunto que posteriormente fue incluido en el articulado del REF del 2018.

En los siguientes Presupuestos estatales, los de 2018, establecimos un acuerdo con el Gobierno central para consignar un total de 24 millones de euros, con el fin de combatir la pobreza y promover la cohesión, económica, social y territorial de Canarias. En 2019 y 2020 no hubo nuevas leyes presupuestarias, y, en los PGE de 2021, a través de una enmienda de Nueva Canarias a los Presupuestos Generales del Estado se lograron recuperar los 30 millones de euros para luchar contra la pobreza en Canarias que no figuraban en la redacción inicial de las cuentas públicas para 2021. Y en los de 2022 conseguimos elevar la cifra hasta los 35 millones.

Renta de Ciudadanía

La Renta de Ciudadanía de Canarias recién aprobada pretende, integrando a los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), unos 11.000, llegar al menos a 40.000 unidades familiares, posibilitando que puedan pagar el alquiler de su vivienda, las facturas de agua o electricidad, así como su alimentación, en suma, que dispongan de recursos para atender sus necesidades vitales. Y, al mismo tiempo, establece el desarrollo de mecanismos que contribuyan a lograr su plena integración social y laboral. Considero que así se contribuye a avanzar hacia una sociedad mucho más justa e inclusiva, generando condiciones para alcanzar mayores niveles de equidad.

Está configurada como un derecho que corresponde a la persona afectada mientras dure su situación; y que, de forma paralela, incluye la implementación de mecanismos de búsqueda de la inserción social y laboral. La Renta de Ciudadanía Canaria ofrece una prestación económica que se dirige “a atender situaciones de vulnerabilidad económica y a sufragar los gastos básicos de personas, familias u otras unidades de convivencia, que se encuentren en situación de pobreza o de exclusión social en Canarias, incluyendo expresamente a pensionistas y subsidiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de otras prestaciones públicas”.

Se destina a personas desempleadas sin ingresos o que tengan reducidas prestaciones, a pensionistas con rentas escasas, especialmente a los beneficiarios de pensiones no contributivas, y, asimismo, a personas con empleo que pese a ello continúen en situación de precariedad.

Dispone de tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia a la que se dirige: “la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo”. Cubriendo a quienes no perciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y será estable mientras persista la situación de vulnerabilidad, lo que no sucedía con la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Complementa el sistema estatal de pensiones contributivas y no contributivas. Su articulado contempla, asimismo, una simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas. Con fórmulas que eviten que las familias afectadas puedan quedarse periodos sin cobrar por temas administrativos.

Coincido con la intervención en el pleno de la diputada Carmen Hernández (NC), muy implicada en todo el proceso de elaboración de esta Ley, cuando destaca que su aprobación es un hecho de una enorme trascendencia. La aplicación de esta Renta de Ciudadanía contribuirá, sin duda, a una Canarias más justa, a una Canarias con mayor equidad, a una Canarias más solidaria, a una Canarias mejor. Una Canarias que establece medidas para paliar las situaciones de pobreza. Su aprobación da cumplimiento a lo que señala nuestro Estatuto y, asimismo, da pleno sentido a la actividad política: contribuir a la mejora del bienestar colectivo, reduciendo las desigualdades. Para que nadie se quede atrás. Para que todos y todas puedan tener cubiertas sus necesidades básicas y vivir con dignidad.