Que Saavedra se aclare

Se trata, sin duda, de algo insólito. Debe seguir vagando por el viejo Metropole el espíritu de Agatha Christie urdiendo sus tramas; en inglés, claro, porque ésta al menos no se entiende mucho.

Se ha dicho que los abogados municipales están obligados a recurrir cuasi de oficio, sin encomendarse a Dios ni al Diablo; con lo que ya me contarán qué pintan el alcalde y los concejales electos que no los han sustituido por un bufete de abogados. Pero no entraré en conjeturas porque ya está el guiso demasiado espeso para agregarle harina.

Como era de esperar, no han faltado críticas a Saavedra por no estar dispuesto a que lo tomen por el pito del sereno. Se ha insinuado, incluso, que lo mueve algún interés; lo que obliga a plantearse por mor de la reciprocidad el forzoso corolario de los intereses que pudieron mover al abogado municipal a colocar su bomba-lapa. Pero por esa vía de sospechas nunca llegaremos a nada, sólo a desdibujar la evidencia de que este Ayuntamiento es un desastre; aunque sin llegar todavía a hacer buenos a sus antecesores peperos. Está claro que Saavedra no ha respondido a las expectativas y que su equipo, salvo honrosas excepciones, peca de la mediocridad propia de quienes se han formado (deformado) más en las intrigas de partido, donde continúan empantanados, que en los afanes de la gestión pública.

Es llamativa la cantidad de defensores que le han salido al abogado municipal. Se alaba, por ejemplo, el rigor de los fundamentos jurídicos del recurso descalificado por el alcalde. Poco sé de técnica jurídica y será por eso que sólo me quedé, tras la lectura de sus quince o dieciséis folios, con lo que le ha escocido a su redactor el trato desconsiderado del tribunal a sus actuaciones. Hay, a lo que se ve, un rifirrafe entre magistrados displicentes y abogado dolido y así, mientras unos alaban la gallardía de largarle cuatro cosas a los jueces, otros reprochan la utilización de un recurso en asunto de interés público para sacarse las espinas y lavar afrentas profesionales. Con lo que nos quedamos los legos sin saber si el abogado se queja por lo que contraría el auto la cosa pública o por las heridas a su autoestima profesional.

Con todo es Saavedra, en el fondo y en la forma, responsable del incidente. No cabe el estilo florentino con las cosas de comer; o de ducharse en este caso. Hace poco dejó caer su intención de aprovechar los resquicios para meter recursos que demoren la ejecución de la sentencia de Emalsa y ganar tiempo; lo que pudo ser para el abogado como ese dichoso refresco que da alas y se apresuró el hombre a recurrir sin aguardar a que se lo ordenaran.

Sin embargo, ya ven, ahora resulta que el alcalde considera la sentencia que otorga a Canaragua el servicio de aguas, la misma cuya ejecución quería demorar, la más conveniente para el Ayuntamiento al permitirle recuperar la mayoría accionarial en Emalsa; además de ingresar en caja unos dineros, según los informes de la propia Canaragua. ¿En qué quedamos?

Hay contradicciones y ambigüedades en el alcalde que debería coger ya el toro por los cuernos. Si prefiere recurrir, que recurra; si le va la sentencia, como dice, que se prepare para ejecutarla asumiendo las consecuencias en cualquiera de los dos casos. Si desea recurrir, que explique a qué viene la descalificación del abogado; y si su voluntad es ejecutar la sentencia, que ordene al abogado desistir del recurso presentado. No hay más. Que haga lo que le parezca mejor, pero que lo haga de una maldita vez. En el sueldo va el riesgo de equivocarse; o de acertar, claro. No es posible estar toda la vida entre el sí y el no, algún tal vez, varios ya veremos y qué sé yo. Es la falta de claridad la que proyecta esa imagen de indecisión y paños calientes que mina la autoridad y provoca, por último, el desconcierto y la confusión que quizá expliquen el incidente.