La sentencia que España no podrá esquivar

Ni la indiferencia que aleja a los ministros aún más del Congreso en periodo estival ni la férrea negativa del Partido Popular a aceptar las solicitudes de comparecencia del resto de los grupos parlamentarios han sido suficientes para impedir la presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión que se reunirá el próximo martes en la Cámara Baja, en la que deberá explicar las medidas que tendrá que impulsar su departamento ante el nuevo fallo del Tribunal de Luxemburgo en el que exige al Gobierno de España que refuerce la protección a los deudores hipotecarios.

La sentencia se emite raíz de una cuestión prejudicial planteada por el presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, en relación con las posibilidades que tiene una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria para recurrir sentencias. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables. Y entiende que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no cumple la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y tampoco la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Gobierno no podrá seguir esquivando con nuevos parches una responsabilidad que debió ejercer desde que comenzaron a llover las sentencias judiciales en las que le instaban a corregir las vergonzosas prácticas abusivas en contra de los deudores y a favor de las entidades financieras. Esta segunda condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un tirón de orejas en el que, una vez más, vuelven a afearle que sus reformas han sido insuficientes y que no es admisible en una sociedad democrática que exista un desequilibrio tan profundo entre los deudores y las entidades financieras. No es tolerable que la ley ampare en nuestro país que los afectados no puedan recurrir determinadas resoluciones desfavorables, pero que los bancos sí puedan hacerlo.

Luis de Guindos tendrá la oportunidad el próximo martes de anunciar en la Comisión de Economía que no volverá a cometer la misma torpeza que en su primera reforma y que enmendará una ley que, a juicio de los Tribunales, es una auténtica chapuza. Y tendrá la ocasión también de aceptar que el Gobierno será, a partir de ahora, tan expeditivo en la protección de los ciudadanos como lo ha sido en el rescate de las entidades bancarias. Y nosotros, toda la oposición, tendremos una oportunidad casi inaudita en tiempos de opacidad y escaso diálogo político: ejercer el papel que nos corresponde y que, en muchas ocasiones, no podemos desempeñar por la resistencia del Gobierno a comparecer ante las Cámaras.

El desequilibrio que existe entre el número de encuentros que el Gobierno ha mantenido con las entidades bancarias y con las plataformas que defienden los derechos de los hipotecados es el ejemplo más gráfico de la estrecha cercanía que existe con unos y la alergia gubernamental hacia aquellos movimientos sociales que, armados de razones, han puesto en jaque al Ejecutivo.

El Gobierno no escucha a los colectivos sociales, tampoco a los grupos de la oposición, pero no podrá eludir acatar una sentencia ante la que, lejos de sonrojarle, ha respondido con el silencio.

Independientemente del camino que elija el Gobierno, los jueces disponen ya de un instrumento más a su alcance para paralizar muchos de los desahucios en marcha. Han sido mucho más sensibles que el Gobierno y han sido muchas las veces quienes han puesto el grito en el cielo para exigir al Ejecutivo que destierre de nuestra legislación todos aquellos artículos que ahondan en la indefensión de los deudores y protegen a quienes han sido condenados en reiteradas ocasiones por sus prácticas abusivas, por su nula responsabilidad social y por la ausencia de transparencia en los contratos firmados en plena burbuja inmobiliaria.

La única vía que existe y que tendrá que articular el Gobierno, seguramente sin mucho énfasis y a regañadientes, es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en nuestro país dispongamos, al menos, de una norma financiera homologable con la legislación europea. Esta y otras observaciones tendrían que ser encauzadas a través de los instrumentos que el Gobierno tiene a su alcance para que no sigamos siendo testigos, día tras día, del drama que arroja al vacío a las únicas víctimas a las que se condena a pagar los excesos de una etapa en la que las entidades bancarias urdieron, con la connivencia del Ejecutivo, una burbuja por la que ellos no han tenido que dar la cara.

Los consumidores han sido los únicos perjudicados por unas prácticas y unos contratos desequilibrados que siempre favorecieron a los bancos. Tras seis años de crisis, en los que a muchas familias se les ha arrebatado su vivienda, se han sepultado tantos sueños y se ha castigado a tantas personas a vivir en unas condiciones de extrema pobreza, ha llegado el momento de articular una legislación equilibrada en la que la otra parte, la que representan los bancos, hoy saneados gracias a la inyección de fondos públicos, sean obligados a asumir un compromiso social que, hasta ahora, han eludido vilmente gracias al silencio cómplice de quienes gobiernan. Un silencio al que trata de poner fin el Tribunal de Luxemburgo. La próxima palabra la tendrá Guindos el próximo martes.