La sentencia de Las Teresitas, un guión para una novela negra

La lectura de las 169 páginas de la sentencia sobre el caso de Las Teresitas (un pelotazo de libro, según la fiscala) deja bien claro la manera de actuar de gran parte de la clase política y empresarial de las Islas y, en concreto, las de Tenerife. Su objetivo, según el tribunal, era obtener los mayores beneficios a costa del dinero de los contribuyentes. Los principales protagonistas de este caso de saqueo de las arcas públicas son el delincuente -condenado por delito ambiental en el caso de los “hoyos” de Güímar- Antonio Plasencia; Ignacio González, su socio en este negocio; y el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo. La sentencia deja bien claro la connivencia entre estos empresarios, Coalición Canaria y representantes de los otros dos partidos que se han repartido el poder en Tenerife: el Psoe y el PP. Pero esta banda corrupta no hubiese podido hacerlo sin la colaboración activa de otros personajes y de otras instituciones que, a pesar de no figurar entre los condenados, han jugado un papel fundamental en la trama, tanto que sin ellos no hubiese sido posible. Es el caso del entonces presidente de la Caja de Ahorros, cargo al que accedió por su militancia en Coalición Canaria, Rodolfo Núñez y el arquitecto al servicio de Antonio Plasencia José Ángel Domínguez Anadón.

Según la sentencia, el entonces presidente de la Caja, concedió el millonario crédito a una sociedad sin constituir y cuyos dos socios eran el empresario Antonio Plasencia y un testaferro Ignacio González. Lo hizo sin exigir ninguna garantía, pues como dice la sentencia les bastó la solvencia personal de los solicitantes, y sin que fuera óbice la disconformidad del Banco de España con esa incomprensible operación financiera, la mayor en la historia de la Caja. La relevancia de su papel lo evidencia la sentencia que nombra a Rodolfo Núñez en catorce ocasiones. La primera cita está en la página once para decir claramente que Miguel Zerolo, miembro del consejo de administración de la entidad financiera, se sirvió “de la ayuda de Rodolfo Núñez, Presidente de la Caja de Canarias, que se prestó a presentar ”esa tasación de TINSA como propia de la Caja y con una fecha de emisión posterior, de 19 de junio de 2001.“ En román paladino, falsificó una tasación hecha por encargo de los empresarios condenados para justificar el elevado precio pagado por el ayuntamiento y para avalar la concesión del abultado préstamo y, curiosamente tal comportamiento no le ha acarreado ninguna consecuencia penal. Es más, admitió ante el Tribunal haber recibido en esas fechas cuatro millones de euros de Antonio Plasencia porque eran amigos. Este desinteresado ”préstamo“ al presidente de La Caja coincide en el tiempo con el inicio de su brillante carrera empresarial, especialmente en Binter

El señor Anadón mereció un mayor número de citas en la sentencia, en concreto cuarenta y nueve veces aparece su nombre, lo que por si mismo es suficiente para que sea uno de los protagonista de esta trama de corrupción desde sus inicios. Él fue el que hizo la propuesta que sentó las bases del conjunto de actuaciones posteriores de compra de los terrenos, transferencia de aprovechamientos y cambios de uso del suelo para que el “negocio” pudiera llevarse a cabo. También fue el contacto entre los empresarios condenados y los tasadores de TINSA para el informe que posteriormente presentó Rodolfo Núñez como un documento de la Caja. Presentó alegaciones al PIOT, que excluía a Las Teresitas de los usos turísticos lo que hacía inviable el negocio, por encargo de los dos empresarios implicados. A pesar de ello El ayuntamiento aprobó el 19 de enero del 2001 la “propuesta marco de colaboración entre el ayuntamiento y la Junta de Compensación del Polígono Playa de Las Teresitas para la viabilización del desarrollo urbanístico del Plan Parcial de Las Teresitas” que utiliza como documento base la propuesta del despacho profesional del señor Dominguez Anadón y con él, según la sentencia, se consuma el plan delictivo que se había puesto en marcha. Este arquitecto fue la persona de contacto con los tasadores del informe de TINSA y los empresarios que pagaban sus servicios profesionales, Antonio Plasencia e Ignacio González. Su papel de intermediario quedó en evidencia cuando defendió (con gran vehemencia dice la sentencia) como perito de los acusados que los terrenos ganados al mar habían pasado a ser propiedad del ayuntamiento porque la línea de deslinde había sido modificada por una sentencia del TS, algo que los magistrados consideraron de escasa consistencia para justificar el cambio en el deslinde marítimo terrestre y negar la vigencia del establecido en 1961. Su parcialidad como perito quedó en entredicho cuando el Tribunal le reprochó omitir los datos que invalidaban su tesis sobre la propiedad de estos terrenos.

Este profesional de reconocido prestigio se puso al servicio de políticos y empresarios corruptos, para ello no dudó en utilizar su colegio profesional, medios de comunicación y a periodistas que escriben al dictado, para presionar en el caso de Las Teresitas y proclamar la inocencia de los políticos, funcionarios y empresarios partícipe de la trama de este caso de corrupción de libro. Ahora se entiende que Santa Cruz sea un ejemplo de pésima gestión urbanística, de pérdida de su patrimonio inmobiliario y que, además, en los años que ha estado al frente del ayuntamiento Coalición Canaria con sus distintos nombres, su gestión ha estado salpicada de escándalos urbanísticos. El papel fundamental que desempeñó este profesional en la trama de Las Teresitas estuvo arropado, como si de una novela siciliana se tratara, por familiares que, según se deduce de las grabaciones de la policía a Rodolfo Núñez y a Antonio Plasencia, jugaron un destacado papel en la planificación del “pelotazo”.

Su vehemente defensa de la legalización del llamado Mamotreto, le ha llevado a descalificar a jueces, peritos, ciudadanos... por no compartir sus tesis de experto y reconocido arquitecto urbanista. Ha tenido que salir el Presidente de la Audiencia Provincial a poner las cosas en su sitio: “Ante las manifestaciones recogidas en distintos medios de comunicación y realizadas por anteriores responsables municipales y por profesionales interesados en la construcción y edificación en la zona de la Playa de Las Teresitas, resulta necesario realizar algunas aclaraciones. Y, entre ella señala que ”Una edificación ilegal no es patrimonio público, sino la utilización ilícita del dominio público cuya salvaguarda corresponde al Ayuntamiento. La demolición de una edificación ilegal constituye la restauración de la legalidad perturbada y en nada perjudica al espacio público de la Playa de Las Teresitas, sino a los infractores y a los que por acción u omisión la permitieron y se pretendían beneficiar con ello, en un momento en que una de las principales lacras denunciadas por la ciudadanía es la corrupción urbanística. [...] Las llamadas a la desobediencia a la resolución judicial que ordena la demolición de la obra, orquestadas desde sectores interesados, que pueden llevar a confusión a la ciudadanía, constituyen un acto de irresponsabilidad inadmisible en un Estado de Derecho. “

No hay democracia sin estado de derecho, precisamente el sometimiento a las leyes aprobadas por el Parlamento es lo que hace posible perseguir este tipo de conductas, juzgar a los responsables y, si se demuestran los delitos, condenarlos a las penas correspondientes como ha ocurrido en este caso.

La sentencia lo deja claro: sin estos mimbres los condenados no hubiesen podido fabricar un cesto capaz de contener tantos millones.