Un sol de injusticia

Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) si no andamos diligentes en la reducción de emisiones, el calentamiento del planeta se duplicará en las dos próximas décadas, lo que provocará la extinción masiva de especies; la escasez de agua pasará de afectar a decenas de millones a miles de millones de personas; la capacidad de producción de alimentos se reducirá enormemente en las zonas más pobres del mundo, lo que aumentará las hambrunas y la miseria; a la sequía y el hambre se sumarán multitudinarias migraciones y deslocalizaciones humanas en África y otros continentes; la pérdida de glaciares en Asia, Latinoamérica y Europa provocará graves problemas de suministro de agua al tiempo que terribles inundaciones; el aumento del nivel del mar, propiciará una gran alteración de los litorales y las tormentas, huracanes y las inundaciones de los ríos causarán enormes daños y pondrán a millones de personas en peligro; el aumento de epidemias, pandemias, el traslado de enfermedades tropicales hacia otros lugares del planeta y la fragilidad alimentaría tendrán como consecuencia una importante quiebra en la salud de millones de seres humanos.

Para el Protocolo de Kioto la reducción de los gases de efecto invernadero es un objetivo imprescindible a corto plazo para frenar el cambio climático. Los expertos mundiales coinciden en demandar un modelo energético distinto que pase por el ahorro, la eficiencia y la diversificación sustentada en la potenciación de las energías renovables y limpias (eólica, solar, mareomotriz, geotérmica, hidráulica...) y en el abandono del uso de los combustibles fósiles (fuel, carbón y gas).

En España, en los últimos años se ha avanzado en la búsqueda de alternativas al modelo energético tradicional. Así, se ha alcanzado un porcentaje de producción de energía renovable en torno a un 20% de media, llegando en algunas comunidades, como la Navarra, a un 70%.

Mientras esto sucede, en Canarias apenas nos situamos en un 4%. Ya hemos denunciado en numerosas ocasiones que la dejación, la inacción y la corrupción han hecho posible que hoy ocupemos el vagón de cola español en la producción de renovables. Si en la eólica llevamos años esperando porque se adjudique un primer concurso de distribución de potencia; si en las otras alternativas renovables alcanzamos un cero patatero en producción, incentivación e investigación, en la energía solar, -aquí, en uno de los territorios mundiales con mayor número de horas de insolación-, la falta de ayudas, la maraña de leyes y de obstáculos administrativos insalvables debido a la escasez de medios y el ejercicio de los monopolios empresariales más brutales, han propiciado el más grande de los desprecios y abandonos.

Aprovechando que la Mancomunidad del Sureste acaba de celebrar su Feria del Sol anual, permítanme que comparta con ustedes algunos datos sobre la energía solar que deberían hacernos reflexionar y obligarnos a pasar del cabreo a la acción reivindicatoria de un nuevo modelo energético para Canarias que, como ustedes conocen sobradamente, pretenden sustentar sobre el gas y el negocio de unos pocos.

Para el profesor José Ignacio Pérez Arriaga “la energía solar tiene un potencial teórico inmenso, pues la cantidad de radiación solar interceptada por la tierra es cerca de 9.000 veces mayor que el consumo actual de energía” y apunta como tecnologías más viables las de calor solar de baja temperatura para uso residencial, las plantas solares de alta temperatura para generación de electricidad y la generación fotovoltaica de electricidad.

En el último informe de la Asociación de Industrias Fotovoltaicas (ASIP), se señala que la inversión global captada por la tecnología fotovoltaica española fue superior a los 5.000 millones de euros y que, en su conjunto, emplea a casi 27.000 trabajadores, lo que ha convertido a España en el segundo mercado mundial.

A principios de este año se habían instalado en este país 1.598.876 m2 de instalaciones solares térmicas, desde un sector constituido por 1.300 empresas y 35 fabricantes con capacidad para fabricar 2 millones de metros cuadrados anuales, con una facturación de 260 millones de euros al año y casi 11.000 trabajadores.

La potencia fotovoltaica instalada en España es de 2.973 MWp (megavatios pico), lo que ha superado en siete veces los 400 MWp previstos para el 2010. Mientras, en Canarias apenas llegamos a los 6,28 MWp.

En la comarca del Sureste el número de horas equivalentes para la producción de energía solar es de 1.750, una vez deducidas todas las pérdidas de generación. Si dividimos la potencia total generada en Gran Canaria por los medios convencionales -según los últimos datos de la memoria de 2006 del Gobierno canario es de 3.779.859 MW-h- entre las 1.750 horas citadas, nos saldría un parque de energía fotovoltaica de 2.160 MWp, casi toda la potencia que tiene España instalada actualmente. Este parque ocuparía unos 15.000 m2 por MWp, es decir, un total de 3.240 Ha, que como hemos dicho en otras ocasiones podrían ocupar las cubiertas de las naves industriales, techos de aparcamientos, espacios junto a los aerogeneradores, suelos no aprovechables...

Llegados a este punto, ¿qué impide que esto sea una realidad? Les voy poner un ejemplo.

En estos momentos la Entidad de Conservación del Polígono Industrial de Arinaga (Ecoaga), constituida por los propietarios del suelo y por el Ayuntamiento de Agüimes, tiene previsto instalar, en los aparcamientos de esta zona industrial, un parque de nueve megavatios, a los que se suma, hasta alcanzar 16 MW, los 7MW concedidos a distintos empresarios a título particular. Con todas las autorizaciones en sus manos el enganche a la red de la energía producida se hace imposible porque, para que lo fuera, Unelco-Endesa les impone tres alternativas de distribución de la energía que pasan porque paguen estos empresarios casi tres millones de euros, en el primer supuesto, para ampliar la potencia de la subestación de Carrizal; seis millones de euros, en el segundo supuesto, para conseguir un transformador privado, supeditado a la aprobación de Unelco ó, finalmente, 12 millones de euros para una nueva subestación que no podría estar terminada antes de entre dos y cuatro años, todo ello sin tener en cuenta que durante el día se genera energía que favorece a los transformadores existentes, lo que disminuye las perdidas y beneficia al propietario de la red.

No sólo es que no se haya hecho la tarea y que no tengamos ni medios ni estaciones ni subestaciones adecuadas ni posibilidades de almacenamiento de la energía que se genere, se trata también de frenar la implantación de energía por quien sustenta el monopolio. Mientras, los que tienen que velar para romper con las cifras que nos sitúan a la cola de producción renovable, mirando para los celajes. Así nos va.

(*) Antonio Morales es alcalde del municipio de Agüimes.

Antonio Morales *