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Terapias de conversión: nada que curar, nada que cambiar

Alberto Pérez

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El pasado 5 de junio, Alemania ratificó la prohibición parcial de las llamadas 'terapias de conversión' para personas homosexuales. Queda completamente prohibida su práctica en menores de edad y en el caso de personas adultas se penalizará cualquier método por el cual se induzca a cambiar la orientación sexual mediante coacción, amenaza o engaño.

En España estas torturas siguen produciéndose y solo algunas comunidades han tomado cartas en el asunto. Es el caso de Madrid, Andalucía, Valencia y Aragón que, mediante legislaciones específicas en materia LGTBI las consideran infracciones muy graves, con multas de los 20.000 a los 120.000 euros para quienes las lideran.

Las terapias de conversión son intervenciones, ya sea de carácter psicológico o espiritual, que pretenden modificar la orientación afectivo sexual de un individuo o su identidad de género. La premisa por la cual funcionan es la de que cualquier orientación que no sea la heterosexual, cualquier realidad que no sea la cisgénero; no es natural y es susceptible al cambio.

Numerosos estudios reflejan que las terapias de conversión en un alto índice desembocan en ideas suicidas, ansiedad, depresión, otros problemas de salud mental, abuso de alcohol, uso problemático de drogas y mayor vulnerabilidad frente a las ITS.

Aunque una gran parte de nuestra sociedad lo tiene claro, que sigan existiendo estas terapias fomentadas por grupos y particulares que las promocionan y las llevan a cabo requiere de nuestra atención y reflexión como conjunto. Las terapias de conversión en sus múltiples formas no solo no son efectivas sino que son nocivas y arruinan vidas.

Estas terapias se presentan, se amparan y se justifican en la libertad y derecho individual. Sin embargo, su fundamento no es la libertad individual sino el estigma, la homofobia, el desconocimiento y el prejuicio. Frente a eso, es responsabilidad de todos protegernos.

La ONU califica estas prácticas como “auténtica tortura”, acciones aberrantes que no se pueden permitir en un Estado de Derecho como el nuestro. Tenemos en este momento político una oportunidad sin igual y una necesidad clara de frenar la violencia contra el colectivo LGTBI y conseguir la erradicación total de estas prácticas.

La Ley Integral LGBTI estatal que recoge la prohibición de estas terapias aún continúa paralizada. La herramienta que puede acabar con tantísimo dolor y consecuencias funestas para las vidas de personas LGTBI sigue en un cajón. Sabemos que ahora la prioridad es luchar contra esta pandemia pero no quiero dejar de recordar que el camino hacia la igualdad real en nuestro país pasa por que esa Ley siga adelante. Nos va la vida en ello.

En estos últimos tiempos, los casos de terapias de conversión que han salido a la luz pública, su conocimiento por parte de la sociedad gracias a la difusión en los medios de comunicación, ponen de manifiesto la necesidad de que se aborden con la aplicación del propio Código Penal como delitos de odio. Solo unas medidas serias, valientes y justas serán capaces de conseguir el fin de la reincidencia de quienes promueven estas prácticas.

De la misma manera que nos parece inadmisible e inaceptable que se vacile en la condena a la discriminación racial, no se puede ser permisivo ni condescendiente ante este ataque frontal a la dignidad de las personas. Todos los agentes sociales tienen la responsabilidad de hacer ver que la defensa de los derechos, la diversidad, la tolerancia y el respeto es una lucha transversal al margen de ideologías políticas.

Todos juntos sumamos. En un momento en el que las personas LGTBI a veces tienen que pedir permiso para ser y en otros lugares del mundo prohibido existir, la eficacia pasa por la dotación de recursos, medios y herramientas. No solo los gestos, estos no frenan el maltrato de quienes promocionan y aplican las terapias de conversión. No hay nada que curar ni nada que cambiar. Otros países ya lo han hecho. España no será el primero, pero no podemos ser los últimos. Defender al colectivo LGTBI no es una agenda particular. Defender Derechos Humanos es la agenda de todos.

Un artículo de opinión de Alberto Pérez, simpatizante del Colectivo Gamá.

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