No negaré que haya jueces y fiscales solícitos con el poder de turno; como los hay que hacen la vista gorda en asuntillos de relevantes personajes de la sociedad en la que viven, no sé si me entienden. Pero una cosa es una cosa y dos cosas convertir tales comportamientos en axiomáticos; aunque sea una temeridad obligada en este caso como correlato de la afirmación de que López Aguilar, ministro de Justicia, es el inductor de la iniciativa de Garzón. Con un público imbuido de la conocida perversidad oriental, piensa el columnista que la oriundez grancanaria de López Aguilar basta para explicarlo todo y que Zerolo salga hecho un San Luis. El columnista recurrió, por tanto, una vez más, a la gastada fórmula chauvinista y xenófoba del enemigo exterior; o sea, los grancanarios. Y ha tenido la suerte de poder ponerle la cara de un canarión que tiene la increíble osadía de aspirar a la presidencia de Canarias. Garzón no ha imputado nada a Zerolo. Pero su nombre no aparece en meras conversaciones de los directivos de Forum Filatélico, como indica el columnista, sino en actas e informes reservados de la empresa que un juez no puede ignorar; por eso es necesaria la investigación.No tengo razones para dudar de Zerolo. Al menos, no tantas como el columnista para defenderlo; mal, por cierto. Pienso, simplemente, que en el sueldo del político figura el riesgo de este tipo de situaciones, que, por supuesto, debería la Justicia aclarar rápidamente y no meterlas en la nevera. En el caso que nos ocupa, una filial de Forum Filatélico tiene un proyecto para la marina santacrucera de San Andrés que entraña una operación de gran alcance insular. De ejecutarse, se eliminaría la posibilidad principal de ampliar el puerto de Santa Cruz; lo que conecta con la polémica construcción del puerto de Granadilla, a la que se opone, por ese motivo, la Plataforma en defensa del Puerto de Santa Cruz de la que es referente Pedro Anatael Meneses, ex presidente de su Autoridad Portuaria. Teme la Plataforma la muerte del puerto capitalino. Hay mucho dinero en juego, desde luego. Pero eso no quita que la opción de las autoridades sea políticamente tan legítima como oponerse a ella. Tampoco su ejecución resulta necesariamente ilegal. Pero sí cabe exigir (por parte de la sociedad tinerfeña, que uno ni entra ni sale) transparencia y rectitud de intención que desmiente el intento de meternos a los orientales en lo que no nos concierne.