Voto exterior: ¿voto cautivo?

Marroquíes y rumanos son los dos colectivos mayoritarios inmigrantes según el último padrón, ya que sus respectivas nacionalidades ascienden a casi un millón de nuevos ciudadanos cada una en el conjunto del Estado español. Esta realidad tampoco debe desconocerse en las islas, ya que según el último padrón, de algo más de dos millones ciento catorce mil habitantes, el 14% es en 2010 de una nacionalidad diferente a la española. Y es comprensible esta reforma porque el ámbito de lo local debe ser políticamente conformado por los ciudadanos que en él diariamente conviven, que hacen su vida, que conforman su paisaje antrópico. Ya hemos visto que en municipios sureños de nuestras islas cocapitalinas determinados partidos en 2007 han presentado candidatos a concejales de nacionalidad no española. La realidad es la que es, y la normativa electoral no debe desconocerla, sino adaptarse consensuadamente a ella.

Otra cosa es que el Gobierno estatal del PSOE no permita a los nacionales españoles inscritos en el CERA, en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, participar en las próximas elecciones locales. Bien es verdad que esta realidad afecta en forma de “voto cautivo” a comunidades autónomas con un fuerte componente migratorio en su tejido social; estoy pensando en Galicia, y, por supuesto, en nuestras islas, en Canarias. En las últimas elecciones generales de 2008 un puesto de Senador por Tenerife estuvo en el alero hasta el último instante, perdiéndose por Coalición Canaria a favor del Partido Popular. Y municipios como Icod de los Vinos en 2003, incluso en 2007, estuvieron pendientes para conformar sus mayorías hasta el recuento del voto exterior. Pero una cosa es que se intente regular adecuadamente este voto modificando su normativa, estableciendo la obligatoriedad del voto presencial en urnas fijadas en embajadas o en consulados según calendario electoral, impidiendo la recogida colectiva de voto o el envío colectivo del mismo por correo, y otra muy distinta es prohibir a ciudadanos nacionales españoles -que mantienen toda su vida vínculos afectivos y existenciales con su realidad local de origen- el derecho de sufragio universal libre, igual, directo y secreto reconocido en el artículo 140 de la Constitución española para los ayuntamientos: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La Ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.”? Visto lo visto lo que está pasando con el Tribunal Constitucional y su politización, no lo politicemos más con reformas electorales atípicas que podrían acabar siendo recurridas y en el limbo de una sentencia que nunca llegase, y que de fallar en su contra podría acarrear la sombra de la legitimidad de los resultados municipales en 2011.

Además, en Canarias hay reformas electorales mucho más importantes que aún siguen en el limbo, mereciéndose el paraíso? ¿Qué sucede con la propuesta de reforma electoral socialista presentada en 2009 ante el Parlamento de Canarias?... ¿Cuándo se darán cuenta sus señorías de lo injusto del actual sistema electoral, que ha dejado sin representación parlamentaria a casi el 20% de los isleños?... ¿Por qué no se articula la reforma electoral desde el consenso, dedicando las energías partidistas a salir de la crisis?... Una reforma que partiera de un sistema de lista única autonómica de 60 diputados, de la eliminación de los mínimos para participar en el recuento de escaños, y de una segunda cámara, de una Cámara Alta que convirtiese a la Federación de Cabildos en un auténtico órgano de la Comunidad Autónoma, y a sus Consejeros en Senadores Autonómicos que debatieran sobre los asuntos de interés insular; es éste un camino que venimos postulando desde hace ya unos cuantos lustros? Por cierto: ¿cuántas proposiciones de ley han presentado los Cabildos insulares desde 1996?... Pero haría falta voluntad política, mas ésta en la materia referida debe estar hoy en día en aguas internacionales fuera de los límites de Canarias, porque no se ve por ningún lado. Reformas electorales sí. Pero háganse las justas y necesarias?

José Carlos Gil Marín