Vuelve el saqueo

Levantar alfombras tiene mucho riesgo. Por eso casi ningún dirigente político se atreve a hacerlo. Puedes encontrarte en cualquier armario con un muerto de difícil enterramiento que te complique la existencia. Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, lo ha demostrado: en tan solo un año (con tres meses de confinamiento incluidos) ha sido capaz de avergonzar a Coalición Canaria y escandalizar a media isla de Tenerife mostrando el modo con el que se ha venido gestionando el ayuntamiento de la capital desde el advenimiento de la democracia. Y los que durante estas largas cuatro décadas se han aprovechado de esa administración corrupta no podían permitirse ni un minuto más de regeneración. Que caigan empresarios del régimen como Antonio Plasencia, no solo en la cárcel, sino pagando lo que malversó; que medios de comunicación hasta ahora intocables, como la Cadena Ser, sean investigados por sus contratos con la Corporación, son fenómenos hasta el otro día impensables.

La corrupción en el Ayuntamiento de Santa Cruz alcanzó su punto de ebullición a principios de este siglo con el escándalo de Las Teresitas, cuyo dinero malversado se va a poder cobrar ahora (y no antes) gracias a que se pusieron en marcha los mecanismos necesarios, además de los golpes de efecto a todas luces inútiles. Pero durante todos estos mandatos nacionalistas ha habido más escándalos, como el caso García Cabrera, por el que también resultó condenado el icónico alcalde Miguel Zerolo, el del Parque Marítimo, el caso Fórum o más recientemente las contrataciones musicales del Carnaval chicharrero, ya en manos de la Fiscalía.

En las calderas de los servicios jurídicos municipales se preparaba estos días un demoledor informe que afectará de lleno a Sacyr, una poderosa empresa que va a pelear para defender los favores que le dejó Coalición Canaria cuyos grifos estaban a punto de ser cerrados.

El modo de operar tradicional de CC ha sido el de comprar voluntades con dinero público, alimentar a la oligarquía de la ciudad y de la isla sin el menor respeto por los procedimientos legales y tener a los medios de comunicación chapoteando en la misma ciénaga para que miraran para otro lado y nadie se enterara de lo que pasaba.

Por eso era imperativo apartar del cargo a Patricia Hernández, alejarla de los expedientes administrativos que no han prescrito penalmente; quitarle cualquier tipo de autoridad sobre los servicios jurídicos y devolverla a los tiempos en los que era una apestada en las radios y los diarios del régimen.

El gobierno municipal que montó esta alcaldesa hace ahora un año nació con una debilidad evidente, el concejal de Ciudadanos Juan Ramón Lazcano. Temeroso de la prensa y del Tenerife profundo, muy vulnerable económicamente, pronto fue detectado por las fuerzas del mal, que lo sometieron a un severo marcaje. Y en un momento de extenuación, en pleno estado de alarma, sucumbió. Era necesario que dimitiera, que se quitara de en medio, porque su sustituta también estaba suficientemente estudiada. Muy cercana a CC, Evelyn Alonso era captable y fue convenientemente captada. Por ahí estaba la debilidad del pacto y por esa brecha va a entrar la moción de censura.

Patricia Hernández también lo sabía, y confirmó todas sus sospechas cuando, al materializarse la dimisión de Lazcano, telefoneó a su sustituta en la lista de Ciudadanos. Nadie respondió a esa llamada nunca. Estaba claro.

Luego está el papel del Partido Popular en esta censura que se anuncia para el próximo lunes. Sus tres concejales son imprescindibles para que la acción prospere, y es de suponer que su portavoz, Guillermo Díaz Guerra, habrá vendido cara esa posición de privilegio. Porque los populares se disponen a cederle el poder al más destacable de sus rivales electorales, el que le disputa un buen número de votos entre el electorado conservador de la ciudad y de la isla. El PP vuelve a darle la llave de la caja al partido que ha venido saqueando la capital todos estos años para que, además, le reste votos mientras se mueve por la ciudad a ritmo de comparsa.

Quedamos todos a la espera de que la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, y lideresa provisional del partido en Canarias, señale a Evelyn Alonso como activista del tamayazo, como ella y su correligionaria Teresa Berastegui (ahora acogida en la Viceconsejería de Turismo, en manos de la Agrupación Socialista Gomera, quién lo iba a decir) hicieron con los dos concejales que hace un año apoyaron al actual gobierno municipal. Ahora sí que hay instrucciones claras de la dirección nacional de no firmar la moción de censura, pero ya se sabe que de ese partido en Canarias poco o casi nada cabe esperar ya.