Una vez consumada la masacre a los derechos laborales conquistados a base de mucho esfuerzo durante décadas, el Gobierno de Mariano Rajoy se dispone ahora a cortar por lo sano con los efectos colaterales. Como él mismo vaticinó en Bruselas cuando fue grabado en un off mientras trataba de entenderse con un dirigente europeo, la reforma laboral le va a costar una huelga general. Y para evitar una sacudida social de ese tipo, que mucho nos tememos no será la única que ni las más grave que padezca España próximamente, nada mejor que “regular” el derecho a la huelga. O por decirlo de otro modo, recortar ese derecho hasta convertirlo en impracticable, bien por las exigencias para ejercerlo o bien por el coste económico que pueda suponer a los que lo secunden. Ya lo decía la prensa de la caverna el mismo viernes en que el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de la reforma laboral: los sindicatos pierden su poder. Porque de eso se trata, de borrar de la faz de la tierra a los representantes de los trabajadores, reducir al máximo el margen de maniobra de los comités de empresa, de los delegados sindicales, suprimir la figura del liberado y acotar las competencias de las centrales sindicales a negociaciones tan evanescentes que las condenen al ostracismo. Pero siendo inadmisible que un Gobierno democrático pretenda minar el papel de los sindicatos, más grave parece que haya grupos supuestamente de izquierdas que, aprovechando la revoltura, quieran pasar viejas facturas a las vetustas estructuras sindicales españolas. Empezaron los poderes ocultos a sustituir con tecnócratas a primeros ministros elegidos en las urnas; siguieron denostando la política; ahora, a acabar con los sindicatos, ¿qué será lo siguiente?