Con Alba ganan los malos

Hay una norma no escrita que impone que se puedan criticar las resoluciones judiciales pero no a quienes las dictan. Como toda norma, esta también tiene sus excepciones, y una de ellas es el magistrado Salvador Alba Mesa. Su trayectoria profesional en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas está llena de comportamientos extraños y muy criticables que empezaron a adquirir explicación y contexto a partir de que toda España lo escuchara en una grabación conspirar descaradamente contra la diputada de Podemos Victoria Rosell, en aquellos momentos adversaria política de uno de los padrinos del juez, José Manuel Soria, exministro de Industria y presidente del Partido Popular de Canarias.

De Soria sabemos –incluso por confesión propia de Alba- que movió ficha para que el magistrado viera saciada su vocación de servicio público en una plaza de relumbrón en el Consejo General del Poder Judicial, o como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que optó en la última convocatoria. Algunas fuentes incluyen la Audiencia Nacional en el repertorio de cargos que llegaron a sonarle al oído a músicas celestiales. Y para facilitarle a Soria que prosperara su querella contra Victoria Rosell en el Tribunal Supremo, Alba operó emitiendo informes, fabricando pruebas y recorriendo los estudios de radio y los platós de televisión asombrando al mundo con la profesionalidad de sus investigaciones y la maldad de la jueza a la que quería echar de la carrera judicial.

Alba nunca actuó solo. Es imposible. Para sustituir y revisar las causas de Victoria Rosell en su juzgado cuando ya tenía completo el cupo de sustituciones del año 2015, fue necesario que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, pidiera una excepción especial al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la concedió; para que pudiera ejecutar lo que pactó en aquella conversación obscena con Ramírez, necesitó que la fiscal Evangelina Ríos se lo permitiera; para que nadie en la Sección Sexta le reprochara su reunión clandestina con el empresario, fue necesario que el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, estuviera al corriente y desde su despacho fuera grabado diciendo “¡palante!”. Alba estaba protegido y bien protegido, lo que seguramente fue decisivo para que el CGPJ no lo expulsara de inmediato de la carrera al estallar aquel escándalo.

Y para que hoy mismo, a punto de cumplirse dos años desde aquella grabación, continúe impartiendo justicia como si nada hubiera pasado.

Salvador Alba Mesa ha tomado y/o participado de resoluciones que requieren al menos una crítica, a la vista de cuál es su comportamiento profesional habitual. Forma parte de un órgano colegiado donde ha de deliberar con otros dos magistrados para poder resolver.

Con ellos, por poner solo unos ejemplos llamativos, convirtió en sobreseimiento libre (archivo definitivo) un sobreseimiento provisional de una causa que salpicaba al exministro de Agricultura Arias Cañete (Partido Popular). Ese archivo definitivo (cosa juzgada) fue providencial cuando, meses después, un ingeniero denunció públicamente que la empresa de Cañete falsificó informes para hacer pasar por planes de seguridad lo que eran burdas copias con las fechas cambiadas. En la empresa de Cañete, una petrolera radicada en Las Palmas de Gran Canaria, murió un trabajador y otro quedó inútil de por vida, pero a sus familias se les recompensó generosamente para que no dijeran nada. Jamás se llegó al fondo de la investigación porque la mano de Alba lo impidió.

Su mano también fue decisiva en el juicio por el llamado caso Patronato en el TSJC, con Antonio Doreste como presidente y ponente, en el que entre otras personas se juzgaba a la diputada Águeda Montelongo, presidenta del PP de Fuerteventura. El interrogatorio al que el juez Alba sometió al principal testigo de cargo, un empleado del Patronato de Turismo que contó cómo se pagaban los viajes y cuchipandas de altos cargos nacionales del PP en Fuerteventura, fue decisivo para que luego se emitiera una sentencia absolutoria de la dirigente popular.

Durante otra causa llevada por la Sección Sexta, con Alba Mesa como ponente, este dejó en libertad a una de las principales acusadas del caso Kárate durante el juicio por masivos abusos sexuales a menores y mayores de edad que fue retransmitido a toda España. Luego la condenó a 126 años de prisión en una sentencia que se conoció con suficiente antelación como para que incluso se pudiera plantear huir de España: la había relatado en su blog un mes antes el periodista de El Mundo Fernando Lázaro, de cuya amistad y opíparas comidas presume el juez Alba y el que publicó con todo detalle la cacería a Rosell ejecutada por Alba y la fiscal Ríos.

Curiosamente el abogado de la acusada del caso Kárate, Sergio Armario, era por entonces amigo de cañas del juez, como reflejan las grabaciones que él mismo realizó y que muy poco sutilmente aportó para avalar una denuncia suya contra el propio Armario y el empresario Ramírez cuando aquella amistad se rompió en mil pedazos.

Casualmente fue el abogado Sergio Armario el que le dio una última oportunidad a Salvador Alba para que se apartara honrosamente del caso Faycán, que desde el pasado lunes preside el polémico magistrado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los juicios más vergonzosos que hasta ahora se han visto en las islas. Armario se hizo cargo a última hora de la defensa de uno de los acusados y, alegando enemistad manifiesta con el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, su antiguo amigo de cañas Salvador Alba, lo recusó. A la recusación se adhirió por los pelos el fiscal anticorrupción, Luis del Río, que seguramente creía más en la conveniencia de apartar a Alba para no joder el juicio que en la bondad de aquella recusación. El fiscal teme, como muchos, que el juicio del caso Faycán pueda no llegar a su fin si se diera el caso de que la jueza que investiga a Salvador Alba por seis delitos dicte auto de apertura de juicio oral y se active la suspensión provisional como juez del presidente del tribunal. El juicio quedaría anulado y nada de lo actuado en la sala hasta ese momento tendría valor jurídico. Las veinte conformidades podrían acortar el juicio, no así el periodo que querrá tomarse el ponente para dictar sentencia, lo que seguramente se convertirá en presiones al CGPJ para que retrase sus suspensión, poder terminar el juicio y seguir cobrando el sueldo que pagamos todos hasta que su señoría ponga su huevo. Y el reloj de las dilaciones indebidas, corriendo como un condenado.

Pero Alba no aceptó apartarse. Como tampoco hizo en otra ocasión, también con el aval de sus compañeros de la Sección Sexta, cuando unos policías de Fuerteventura le dijeron que no podía ser juez y parte en una causa cuya denuncia y cuya sentencia fueron puestas por él mismo. El Supremo acabó anulando aquella sentencia por evidentes vulneraciones de principios constitucionales, pero a Alba no le pasó absolutamente nada por tan tremenda arbitrariedad que él ha tratado siempre de imputar a compañeros de carrera.

Dos posibles causas de nulidad

Alba no se ha apartado tampoco del caso Faycán porque hace tiempo que estaba predestinado a presidir este juicio, por acción o por omisión. Revisemos, si no, la causa de abstención planteada (y aceptada) por el presidente de la Sección Sexta y de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, para hacer pasar de él ese cáliz: uno de los acusados tiene una imprenta en la que el magistrado abstencionista imprime sus trabajos jurídicos. Con un par. Entendemos que no le pagaba por sus trabajos y que por eso se sentiría comprometido, porque si ese impresor le prestaba un servicio a cambio de la correspondiente contraprestación económica contra una factura, es como si cada juez que compre en El Corte Inglés tuviera que abstenerse cuando le llega un caso de hurto en esos grandes almacenes.

A Alba le tocaba, de este modo y como por arte de magia, juzgar un nuevo caso de corrupción, casualmente, del Partido Popular de Canarias, el mismo que presidió durante 21 años el político que lo apadrinó (sin éxito, eso sí) para ser una autoridad en el mundo de la judicatura española y al que trató de ayudar (sin éxito) en una querella contra la diputada de Podemos Victoria Rosell, con la colaboración necesaria del presidente del TSJC, Antonio Doreste, puesto en el cargo (con éxito) por el Partido Popular, y del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, que fue viceconsejero de Justicia con el Partido Popular, causa de abstención que, por cierto, jamás ha esgrimido.

Por lo tanto, no es nada casual que Salvador Alba, al que el Consejo General del Poder Judicial se ha negado a suspender, esté presidiendo el caso Faycán, ni debe parecer a nadie casual su forma de actuar. Haber convertido en testigos de cargo a la veintena de acusados que se conformaron con penas irrisorias propuestas por el Ministerio Fiscal podría ser una táctica muy interesante si no fuera porque el presidente del tribunal, el referido Alba Mesa, se ha olvidado de algo trascendental: los acusados no pueden pasar a la condición de testigos si antes no tienen una sentencia, aunque esta se haya emitido in voce. Quien es acusado en un juicio lo es hasta que obtiene sentencia, y obligarlo a decir verdad (condición de testigo) sin haber abandonado la condición de acusado, es una temeridad jurídica que conocen hasta los de primero de Derecho. Alba no ha puesto sentencia, se ha limitado a adelantarles cuál será el sentido del fallo, lo que puede desembocar en otra causa de nulidad del juicio. Por si la primera fallara.

Y cuando un juicio contra corruptos del PP corre el riesgo de dos causas de nulidad, den ustedes por seguro que quedará anulado. Y, como es menester, saldrán ganando los malos.

Salvador Alba avergüenza a los demás magistrados, al menos a la mayoría. Incluso a la jueza que lo investiga a pesar de las dificultades que él mismo pone: la ha recusado dos veces y otras tantas la ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial en una clara demostración de que los corruptos son los demás. Él es el ungido.