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La fiscala Evangelina Ríos revela que usó un informe falso de Salvador Alba para acusar a Victoria Rosell

La representante del Ministerio Público niega haber colaborado con el magistrado en su conspiración contra Victoria Rosell, aunque reconoce haber pactado con él que aportara un informe con falsedades a las diligencias pre-procesales que abrió en noviembre de 2015

El secretario judicial de Instrucción 8 asegura que Alba fue el único que tenía en su poder el DVD con la declaración que prestó Miguel Ángel Ramírez el 23 de marzo, luego publicada por ‘El Mundo’ y ‘La Provincia’

Ríos niega trascendencia al 'pen-drive' que Alba aseguró que fue ocultado por la jueza Rosell; el secretario confirma que fue proveído por la magistrada correctamente

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Evangelina Rïos, fiscala de Delitos Económicos

Evangelina Rïos, fiscala de Delitos Económicos Alejandro Ramos

A Salvador Alba Mesa se le espantan los previsibles aliados. Si el lunes el empresario Miguel Ángel Ramírez lo desenmascaró al acusarle de haberle coaccionado para maquinar en contra de la magistrada Victoria Rosell, este martes ha sido la fiscala Evangelina Ríos la que lo ha acusado abiertamente de verter falsedades en documentos judiciales, uno de ellos utilizado por ella misma hace un año para denunciar a la exdiputada de Podemos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El secretario judicial de Instrucción 8, el juzgado de Victoria Rosell en el que actuó como sustituto Salvador Alba entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, confirmó a su vez que el magistrado imputado fue la única persona que tuvo en su poder un DVD con la declaración de Miguel Ángel Ramírez (23 de marzo) antes de que fuera filtrada primero a El Mundo (que la publicó el 25 de marzo) y luego a La Provincia (que la publicó íntegra a lo largo de cinco páginas el 3 de abril).

La fiscala Evangelina Ríos declaró este martes como testigo ante la magistrada Margarita Varona, que investiga si  Salvador Alba pudo cometer al menos cinco delitos (prevaricación judicial, negociaciones prohibidas a funcionario público, falsedad documental, delito contra la Administración de Justicia y revelación de secretos) y, entre otras cosas, desmintió que Alba estuviera buscando un posible delito de blanqueo de capitales cuando interrogó a Miguel Ángel Ramírez el 23 de marzo para preguntarle exclusivamente por sus relaciones comerciales con la pareja de la por entonces diputada de Podemos Victoria Rosell.

La representante del Ministerio Público no explicó con precisión qué fue lo que tanto ella como Alba buscaban, aunque se refirió someramente a que aquel interrogatorio podía haber sido continuación del que el 4 de diciembre de 2015 habían efectuado ambos a Héctor de Armas, administrador de Ralons, al que curiosamente preguntaron por los contratos de publicidad firmados por Seguridad Integral Canaria.

No fue esa la única ocasión en la que Ríos desmintió las aseveraciones de Salvador Alba. Cuando fue preguntada por el contenido de un informe de 4 de mayo pasado, que el magistrado remitió al Consejo General del Poder Judicial una vez había abandonado Instrucción 8 y supo de la existencia de una grabación de inminente divulgación sobre su conversación clandestina con Miguel Ángel Ramírez, la fiscala negó haber estado al corriente de la reunión y de su contenido, así como de los acuerdos que ambos interlocutores alcanzaron.

Efectivamente, en ese informe de 4 de mayo, Alba asegura que “una vez que este Magistrado informa cumplidamente a la fiscal que participa en la causa de las manifestaciones del investigado, del resultado de la investigación patrimonial, y de los datos que figuran en la contabilidad, se procede a citar, días después pero con celeridad , al investigado a fin de prestar declaración ante el Juzgado, en la que realiza las manifestaciones que ya han sido objeto de informe por este Magistrado”. Evangelina Ríos sostiene que esa afirmación es falsa.

Es más, la testigo aseguró ante la magistrada Varona haber telefoneado a Alba el día que aparecieron  los primeros audios en eldiario.es en mayo pasado para recriminarle haber dicho en aquella conversación con Ramírez que la fiscal “se tendrá que joder” y que estaría al tanto de todo. Según relató, el magistrado le contestó que él creía haberla informado.

También desmintió la fiscala haber solicitado espontáneamente al juez Alba un informe sobre la marcha del procedimiento por fraude fiscal que se sigue en Instrucción 8 contra Miguel Ángel Ramírez. Al ser preguntada por tal petición, que obra en autos, siendo ella la querellante, y por lo tanto parte personada con acceso al sumario vía sistema informático Atlante, la testigo confesó que fue el magistrado imputado el que le ofreció dicho informe porque, según sostuvo, lo tenía elaborado para elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Pero, eso sí, según el relato de la fiscala, ésta debía solicitárselo para poder trasladárselo formalmente. Y así lo hizo Evangelina Ríos el 9 de diciembre de 2015, recibiendo el informe justo al día siguiente, fecha en la que quedó incorporado a las diligencias pre-procesales que la Fiscalía Provincial de Las Palmas había abierto sobre el desempeño de Victoria Rosell a partir de un contrato anónimo llegado a sus dependencias. Esa investigación fue declarada ilegal por el TSJC en febrero y archivada por el Consejo General del Poder Judicial en marzo.

Curiosamente, en aquel informe de poco más de tres folios, que la fiscala hizo suyo e incorporó en su denuncia ante el CGPJ,  Alba vierte una serie de afirmaciones que en aquel momento (diciembre de 2015) fueron dadas por buenas por Evangelina Ríos en sus pre-procesales pero que, sin embargo, ahora considera falsas. Por ejemplo, la existencia de un pen-drive que Alba aseguró que fue retenido indebidamente por Rosell durante 21 meses sin ser trasladado a las partes. En su declaración de este martes, la fiscala no sólo niega la mayor (el traslado se diligenció al mes siguiente de ser recibido, según testimonio del secretario judicial), sino también la relevancia de su contenido, tan insignificante que dijo ni recordarlo. Ahora se ha sabido que el dispositivo de almacenaje contenía documentos aportados por un ex trabajador de Seguridad Integral Canaria que nada tenían que ver con la causa que se investigaba.

 El secretario judicial: Alba pidió un DVD

 Si suculenta fue la declaración de la fiscala Ríos, no desmereció en absoluto la del secretario judicial Miguel Juanes, con destino en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria hasta septiembre de 2016. Su declaración, prestada por videoconferencia desde Salamanca, sirvió para aclarar aspectos trascendentales, uno de ellos en la línea del delito de revelación de secretos que la magistrada Margarita Varona le imputó este lunes a Salvador Alba.

Según Juanes, el imputado es la única persona que tenía en su poder en formato DVD la declaración que el 23 de marzo prestó Miguel Ángel Ramírez en la que explicó, a requerimiento de Alba y de la fiscala Ríos, sus relaciones comerciales con la pareja de Victoria Rosell.

Alba solicitó tal soporte videográfico a un agente judicial justo al término de la comparecencia de Ramírez. Fue la única persona que tuvo en su poder esa grabación entre esa fecha (23 de marzo) y el día 3 de abril, cuando fue reproducida íntegramente en el periódico La Provincia. Previamente, el 25 de marzo, el periodista de El Mundo Fernando Lázaro había publicado algunos retazos de tal declaración.

A la puerta del juzgado, en el momento en que Alba pedía esa grabación, esperaba el periodista de La Provincia encargado de información judicial Manuel Reyes, según relató este lunes ante la magistrada instructora el empresario Miguel Ángel Ramírez.

También declararon este martes ante el TSJC los letrados de las partes personadas en la causa por fraude fiscal contra Ramírez. Tanto el abogado del Estado como la letrada representante de la Seguridad Social dijeron no haber entendido el interrogatorio efectuado a Miguel Ángel Ramírez el 23 de marzo por no ser sus contratos con la pareja de Rosell objeto de la causa que se seguía contra él.

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