No son canarios de nacimiento, pero todos ellos han echado raíces aquí, así que nos vamos a referir a ellos con ese gentilicio, con la venia. Son los tres canarios que aparecen en el largo listado de aspirantes a ocupar vocalías en el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que el PSOE y las demás fuerzas políticas han pactado finalmente con el PP para al menos no dejarle todo el terreno libre a Gallardón, mientras se sustancia el recurso contra esta extravagante reforma del órgano de gobierno de los jueces. Como estaba previsto, en la lista aparece, con el aval de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, uno de los que menos ha ocultado su deseo de ascender de la mano del Partido Popular. Dicen los conocedores de los mecanismos de apoyos y rechazos que no tiene muchas posibilidades, pero ahí está el hombre. En la lista de los no asociados aparece el nombre de un ilustre de la judicatura canaria, el muy influyente Rafael Fernández Valverde, magistrado del Supremo, propuesto por el ministro Soria, al que los más expertos del lugar sitúan sin embargo en la vicepresidencia del Tribunal Supremo, cargo de nueva creación que el ministro de Justicia debe haber inventado para hacer hueco a tanto recomendado. Y, sorpresivamente, sin que se conozca que se haya postulado ni apareciera jamás su nombre en las quinielas, por el ala izquierda ha asomado el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Canarias Ignacio Duce. Asociado a Jueces para la Democracia, Duce pasa por ser un candidato muy bien visto en el Partido Socialista, particularmente en su sede federal de Ferraz. Nos consta en el listado el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, porque de hecho no aparece en los elegibles ni un solo fiscal pese a ser esa la oposición que un día aprobó el ministro Gallardón y ser el Ministerio Fiscal el que se pretende fortalecer con las reformas penales que impulsa ese atrabiliario ministerio.