No olviden que la alcaldesa en esos momentos era María Isabel Déniz, del PIL, que al parecer prefería en este caso primar los intereses de Cortezo que los intereses generales, como deducirá cualquiera que estudie el expediente municipal y observe alarmado cómo los plazos vencían siempre a favor de los intereses del empresario. Cortezo pide el 20 de diciembre que lo expropien, pero a precio de Tokio, olvidándose que se trataba de un suelo industrial ya amortizado y con su gran parte en servidumbre de protección del dominio publico. En 2003, en el Avance de la revisión del Plan General de Arrecife se planteó un parcela recreativa y comercial que pudiera resarcir a Cortezo de sus derechos urbanísticos. Pero, ¿de qué derechos habla ese Avance de Plan General que dio lugar a la operación? Tengamos presente que es el Plan General y los derechos y prebendas que ha ido generando lo que motivó el estallido de la Operación Unión.