Interesante instrucción judicial la del caso Lifeblood, o al menos interesante lo que ya sabemos en las redacciones de los medios informativos acerca de la investigación sobre el sospechoso concurso de la hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa. La conclusión momentánea, en lo que se practican nuevas pruebas o algún testigo da con la piedra filosofal, es que entre todos amañaron ese concurso pero él solito se amañó. Parece suficientemente confirmado a estas alturas lo que hemos sostenido siempre: que el concurso se diseñó a la medida de la empresa Lifeblood, una mercantil de creación express, de 3.000 euros de capital social, comprada en un vivero relacionado casi remotamente con Gürtel, sin experiencia empresarial ni solvencia económica. Vinculada por el que figura en ella como administrador, Javier Jorcano, a la inmobiliaria Inprocansa, autora y beneficiara del pelotazo del Canódromo, es en realidad una tapadera para los manejos del abogado Javier Artiles Camacho, sobre el que confluyeron todos los astros para que el PP le adjudicara un concurso que hubiera pasado desapercibido si no hubiera sido resuelto en el preciso instante en que Soria ordenaba a los suyos abandonar el Gobierno y recluirse en esos cuarteles de invierno de los que todavía son presos. Porque después de desligarse de cualquier irregularidad, la papa caliente ha vuelto a manos de la doctora Leocadia Palop, el inicio de la causa, la jefa de Nefrología del Negrín que confesó ante una cámara de TVE que en alguna ocasión le habían ofrecido “un soborno” por un concurso. Luego se desdijo, pero la investigación ha vuelto a tocar a su puerta.