También anda diciendo por ahí doña Astrid Pérez que tanto ella como los otros 52 propietarios de La Bufona compraron “de buena fe”, es decir, ignorando que aquel Plan Parcial era nulo de pleno derecho y que todas las viviendas carecían de licencia legal de edificación. La buena fe la vamos a poner en cuarentena, al menos en el caso de los propietarios que han contratado a Fernández Camero para que los defienda, pero ¿cómo explica la presidenta insular del PP que tanto ella como otros vecinos hayan ampliado viviendas de manera ilegal, invadiendo suelo rústico jable? Porque esas ampliaciones no fueron realizadas por la promotora, Brisa Inversiones, a la que cabría colgarle algún tipo de engaño en las primeras operaciones de compra-venta, pero no en lo que hayan hecho los propietarios una vez con su título de propiedad en la mano. No hay que olvidar que, además de llevar unos cuantos años dedicada a la política, Astrid Pérez es licenciada en Derecho y abogada en ejercicio más veces de las legalmente recomendables, lo que la convierte en doblemente responsable de las presuntas ilegalidades que haya cometido.