Nunca te acostarás sin saber algo nuevo del caso Lifeblood, ya saben, esa empresa tan pintoresca que de la noche a la mañana apareció en el panorama sanitario canario para hacerse con un contrato de 124,7 millones de euros. Todos los días, como están viendo, aparece una novedad y casi siempre bastante poco edificante: que si la empresa la creó un experto en la trama Gürtell, sector valenciano; que si luego la hizo suya Improcansa, la que dio el pelotazo del Canódromo; que si el que la colocó en la pole position fue Javier Artiles, un abogado vinculado al PP; que si no tenía experiencia ni solvencia económica (ni falta que le hizo); que si contó con información privilegiada; que si le cambiaron las bases del concurso para poder entonar aquello de “¡como Lifeblood no hay ninguna!”... Hasta que nos hemos enterado de que el tal Javier Artiles es una pieza, una buena pieza, clave en todo el entramado de este concurso, hasta el punto de ser un asesor interno de la Consejería de Sanidad que participaba en la redacción de las bases y en la valoración de las ofertas de concursos convocados por ese departamento. La cosa se pone buena, sí señor, pero necesitamos un análisis psicológico para interpretar la reacción de las autoridades sanitarias, que advierten de lo dañino del tabaco pero se olvidan de otras cosas mucho más importantes e igualmente perjudiciales para la salud.