Ya les advertíamos ayer en esta misma sección que lo que ha largado la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote sobre el expediente de demolición que pesa sobre su casa en La Bufona huele a chamusquina. Primero porque no es cierto que la demolición que quiere acometer la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) se refiera a toda su casa, que ella asegura haber comprado tal cual en 2000, sino a unas obras de ampliación que la presidenta del PP conejero realizó ilegalmente después de esa adquisición. Que si una piscina, que si un muro, que si un poco más de vivienda... Pero miente también la señora diputada regional (pero qué acumulación de cargos, oye) cuando afirma que ella fue engañada cuando compró, porque según la documentación que maneja el particular que hace diez años denunció que La Bufona invadía terrenos de su propiedad, la señora Pérez compró en documento privado que ha sido aportado a la causa penal con el fin de demostrar que alguien actuó de muy mala fe en esa promoción de chalecitos. Cuando compró Astrid Pérez ya había expediente y la propiedad que compraba invadía desde ese momento suelo rústico protegido y posiblemente la propiedad de otro particular, que es el denunciante. No hemos conseguido acreditar de ninguna manera que la vicepresidenta del Cabildo haya denunciado alguna vez a los que supuestamente la estafaron de manera tan infantil. Salvo que no haya habido estafa sino aceptación de una situación irregular que ahora habrá que reconducir de alguna manera.