Vayamos por partes. La culpa de que el nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria no esté aún en funcionamiento es del Gobierno de Canarias, del que es vicepresidente José Manuel Soria. Su Gobierno prefiere gastarse más de cinco millones de euros al año en alquileres, a lo que hay que sumar las obras de acondicionamiento y mejora de cada sede, que es arrendada por el método del dedo caliente y que finalmente queda de purisísima madre para que el casero la alquile como oficina una vez se inaugure la eterna obra de la Vega de San José. Pero la jeta de Soria adquiere tintes verdaderamente sarcásticos cuando repasamos hemerotecas y documentoscopia y nos encontramos con una pánfila Australia Navarro firmando ante los operadores jurídicos que se comprometía a inaugurar ese nuevo Palacio de Justicia en 2007. Ese ojito derecho que tiene Soria era por aquel entonces consejera de Presidencia (y Justicia) cargo desde el cual, por cierto, dejó pasar la bola para que el canódromo de LPGC fuera el pelotazo que hoy es. Si Soria es una joya, algunas piezas que le rodean deberían adornar el palacio de Topkapy.