Ya en junio apuntábamos una de las claves del pelotazo, corroborada el pasado jueves tras la lectura de las conclusiones provisionales de la Comisión Especial de Investigación (CEIC). By the face, dos funcionarios de LPGC a las órdenes de un tercero, se sacaron de la manga un valor excesivo del Canódromo utilizando otro método al establecido en la ponencia catastral del municipio. En resumen, dieron un valor de 2 m2 / m2 en vez de 0,68 a la parcela, a la que sacaron del denominado polígono fiscal número 26 alegando -incluso ante la CEIC en noviembre de 2009-, que el método habitual estaba desfasado. Aunque esto no fuera óbice, obstáculo o valladar para que aplicaran en otras tasaciones del mismo polígono fiscal la baremación más económica de 0,68. El sobrecoste encareció las compensaciones a entregar al propietario de la parcela, lo que le reportó un dividendo de nueve millones de euros limpios de polvo y paja. Sin embargo, ha sido este domingo la propia Nardy Barrios quien ha elevado “el robo” a doce millones de euros. Y todo porque, afirma en una entrevista concedida a Canarias7, en este escándalo aún por aclarar nunca se contabiliza una tercera finca del Ayuntamiento que también percibió el empresario particular en la permuta lesiva para los intereses públicos. Y de ella sacó otros tres o cuatro millones de euros.