El recurso de queja por la sentencia de Emalsa ha encendido todas las alarmas municipales, no ya por la obligatoriedad de presentarlo, que parece no admitir mucha discusión, sino sobre todo por el tono y el contenido. En el grupo de gobierno no ha hecho puñetera gracia que se viertan duras críticas a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC en el momento en que el consistorio tiene ya acumuladas sentencias que se acercan peligrosamente a los 100 millones de euros. Una eficaz negociación en la fase de ejecución puede dar un respiro a las arcas municipales o, en caso contrario, dar paso a una dramática bancarrota. Quizás por eso el alcalde ha sido tan drástico en la descalificación del recurso, quizás por eso ha preferido cabrear enormemente al funcionario, que se tomará unas vacaciones, que al alto tribunal canario, que tiene al Ayuntamiento perfectamente cogido por los trillos.