Este miércoles confluyeron en el Parlamento de Canarias dos circunstancias que, mezcladas en un tubo de ensayo, pueden hacer las delicias de cualquier Flipy. Las dos circunstancias son la amenazante cercanía de las elecciones locales y autonómicas de mayo y la mala pinta que tienen algunas cosas extrañas que se están descubriendo en la Consejería de Sanidad. Paulino Rivero, sabiamente aconsejado por José Miguel Ruano, transigió en mantener en el Servicio Canario de Salud a sus dos más altos cargos, el director y la secretaria general, Guillermo Martinón y Lourdes Quesada, respectivamente. Lo hizo el presidente en la creencia de que, para el tiempo que restaba entonces para las elecciones (seis escasos meses) nada podría perturbar perturbar la paz de las alfombras quietas. Pero no hubo suerte y estalló el escándalo de la adjudicación a la inmobiliaria Lifeblood del concurso de la hemodiálisis, a lo que se ha sumado recientemente el hallazgo del reparto arbitrario de unos pluses de productividad al personal encargado de vigilar las bajas laborales por incapacidad temporal (IT). La tensión entre aquellos socios que fueron, entre aquellos familiares tan bien avenidos, convirtió casi en irrespirable el aire que circulaba en los salones y pasillos del viejo pero remozado conservatorio de la calle Teobaldo Power.