No se han desbordado los ríos ni los barrancos; ni se ha desatado una tremenda tormenta de rayos y truenos tras la escaramuza política protagonizada el martes en el Parlamento por la parlamentaria grancanaria de CC Mari Mar Julios, que rompió la pastosa quietud de la disciplina de voto para oponerse al artículo 4 de la nueva ley turística por impedir (la ley, no Mari Mar) que se puedan hacer nuevos hoteles de 4 estrellas en suelos nuevos, mayormente en manos de 4 propietarios, por resumirlo rápido. La diputada se mostraba este miércoles satisfecha por su acción y, lo que es mejor, “respaldada” por su partido en Gran Canaria, que evidentemente no quiso desautorizarla el lunes cuando llegó al Comité Permamente con la posición ya fijada desde el viernes tras asistir desinquieta a la rebelión del sector turístico empresarial. Tanto ella como Bañolas han negado ignorar el alcance y el contenido concreto de la nueva ley, y se han mostrado muy críticos con los que con ellos se han mostrado igualmente críticos porque, en su opinión, había que dar un golpe sobre la mesa en defensa de Gran Canaria (sic), últimamente ninguneada (sic otra vez) por el Gobierno del que forma parte su propio partido de ellos. El número de camas de cuatro estrellas que se explotan en Tenerife es el principal argumento esgrimido por los dos dirigentes nacionalistas grancanarios para situarse junto al movimiento empresarial, número que no creen que sea perjudicial para Gran Canaria, que en su momento eligió otro modelo, pero les sirve como excusa para reclamar mayor atención a la isla. No hay signos que conduzcan a pensar que a Mari Mar Julios se le abrirá expediente disciplinario, por mucho que su acción se considere más grave que la que se le afeó al ex nacionalista (hoy tránsfuga profesional) Antonio Hernández Lobo, cuando dejó a Bañolas colgado de la brocha absteniéndose en los presupuestos cabildicios del PP. Pero nada será lo mismo.