El blog de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora
Canódromo: el pelotazo no es delito
El juez no ha apreciado delito en la actuación que llevó a cabo en su etapa de concejal de Urbanismo el actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, concretamente en el papel que desempeñó en la tramitación de uno de los más colosales pelotazos (conocidos) de la historia de la ciudad. No hay delito y punto. Se ha investigado si Cardona cometió prevaricación, ilícito penal consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas, y para hacerlo habría que hacer confluir una serie de acontecimientos imposibles cuando se confabulan tantos y tantos personajes y el expediente se presenta de manera impecable. Pero, como siempre, lejos de las exigencias judiciales, en este caso también quedan por dilucidar y exigir las exigencias políticas, además de una serie de explicaciones que a nadie la ha dado la gana de ofrecer. Veamos algunos ejemplos.
- ¿Por qué el grupo de gobierno, comandado por José Manuel Soria, en la etapa de Jorge Rodríguez como concejal de Urbanismo (1998), no se atendió el ofrecimiento de los originarios propietarios del Canódromo, cursado a través del concejal de Deportes, a la sazón Pascual Mota, por un importe de 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros de ahora)?
- ¿Qué quiso decir Soria a Mota cuando le pidió que se apartara de ese asunto que de eso sabía más el concejal de Urbanismo?
- ¿Por qué se admitió un contrato de permuta con un promotor inmobiliario, Eduardo Fernández, que tan solo tenía una opción de compra sobre la parcela?
- ¿Cuál fue el criterio que se empleó para valorar las parcelas del Canódromo de modo que se vistiera como gran cesión para la ciudad lo que en realidad era un vulgar pelotazo?
- ¿Qué hizo exactamente el beneficiario de ese pelotazo con los 9 millones de euros que se llevó limpios de polvo y paja? ¿Los dedicó sólo a su empresa o hizo alguna obra de caridad?
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