Pero además del bochorno público por la constatación internacional de que unos alcaldes, unos promotores y algunos funcionarios públicos hayan podido operar al margen de la legalidad, la conmovedora noticia de El País de este lunes también ha servido para recordar los nombres y apellidos a los denunciantes. La Fundación César Manrique es una de las partes que ha actuado para que se reponga la legalidad vigente, y la otra, el Cabildo de Lanzarote, al igual que la primera, guardian de la herencia de César Manrique. Del Cabildo es consejero de Centros Turísticos Carlos Espino, que promovió las denuncias en el anterior mandato, cuando ocupaba la cartera de Política Territorial. Este lunes fue imposible localizarlo. Además de los medios de comunicación, entendemos que hay otras personas que le quieren para cantarle las cuarenta. No descarten que, además de Espino, empiece a haber gente en Lanzarote sufriendo ciertos ataques de pánico. Las sentencias judiciales han puesto al desnudo una trama muy fea en la que se ha movido una gran cantidad de dinero que a algunos dolerá perder.