La perito pudo realizar finalmente su trabajo, que se inscribe en las diligencias que actualmente se practican en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias después de que la asociación Justicia y Sociedad interpusiera una denuncia al detectar que las reformas del antiguo instituto podrían contener irregularidades. Por ejemplo, que los reparos expuestos por la Intervención Municipal pudieran haber sido levantados por la vía del ordeno, mando y hago saber, muy propio de los tiempos teresitos que ha vivido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La fiscalía ha pedido una valoración pericial de lo que realmente costaron aquellas reformas, lo que nos lleva a sospechar que alguien pueda estar pensando que la cifra de seis millones de euros que de manera oficial ha circulado, se haya quedado corta. El ámbito de actuación es el TSJC, la sede donde se investiga a los ilustres aforados que de esta comunidad autónoma son, entre los que se encuentra Miguel Zerolo, aún alcalde de Santa Cruz. Tal privilegiada condición la mantendrá a partir de mayo al revalidar su acta de diputado autonómico por Coalición Canaria.