Chavanel difama; la mafia paga

No se deprima. Si es usted de los que gusta del troleo y del periodismo de bacinilla, sepa que la condena que le acaban de endosar al comunicador Francisco Javier Chavanel no lo va a hacer callar. Seguirá berreando, tranquilo. De momento recurrirá los 50.000 euros que le ha empapuzado un juez de Primera Instancia de Arrecife por haber ejecutado una atroz campaña de desprestigio contra el fiscal Ignacio Stampa, terror de los corruptos de la isla de Lanzarote, particularmente de los dedicados a pasarse por el forro de sus cachivaches la legislación urbanística en todas sus variables.

Chavanel se ha convertido, para su desgracia, en un mercenario al servicio exclusivo de quien quiera pagarle los trabajos más sucios. Y continuará existiendo mientras haya empresarios poderosos que pretendan creer que basta con tener un doberman con un micrófono para convertir en inmaculadas actividades de generación de riqueza lo que en realidad son operaciones especulativas al margen de la ley.

A la sentencia por la campaña difamatoria contra el fiscal Stampa seguirá en breve otra por los mismos motivos producto de la demanda que contra el mismo vocero promovió el magistrado César Romero Pamparacuatro, instructor del caso Unión, que sufrió una implacable persecución mediática promovida por algunos de los imputados y por su entorno mafioso, entendiendo mafia en la tercera de las acepciones que contempla la RAE: “Grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Porque eso es lo que está pasando en Lanzarote: un grupo organizado de empresarios se ha puesto de acuerdo para llevarse por delante a los agentes de la Ley mediante varios métodos carentes de escrúpulos y utilizando a mercenarios, también carentes de escrúpulos, para ejecutar su plan. Y uno de esos mercenarios -desgraciadamente no el único, para desgracia de esta profesión- es el condenado Chavanel.

La sentencia es contundente: este locutor de radio y escribidor de artículos en el periódico Lancelot (hace mucho tiempo que Canarias7 se lo quitó felizmente de encima) informa (por decir algo) y opina (por llamarlo de algún modo) basándose en hechos inexistentes. Inventa y esculpe una realidad que se adapta como un guante a las afirmaciones condenatorias que tiene que lanzar a mayor gloria de la mafia para la que perrea.

Es la modalidad empresarial que ha adoptado desde que su disparatada deriva le condujera a romper sus relaciones con los editores que alguna vez confiaron en él, incluyendo el que esto firma. No ha habido un medio informativo del que Chavanel no haya salido traumáticamente, desde la Cope a 7.7 Radio, pasando por Radio Canarias-Antena 3, Canarias7 o Canarias Ahora Radio, de donde salió jaleado por otro iluminado, el empresario Jaime Cortezo, que lo quería convertir, y cito literalmente, “en el Jiménez Losantos de Canarias”. Se salieron. Fue tal el nivel de compenetración entre ambos que al poco tiempo, con 32 frecuencias de radio a su disposición, acabaron en los tribunales tirándose los trastos. Entre otras lindezas, Cortezo le reclamó los 35.000 euros que tuvo que pagar a los hermanos Soria después de que Chavanel fuera condenado por afirmar sin pruebas que el padre de todos ellos tuvo que esconderse en Londres de una busca y captura del franquismo por evasión de divisas. Y se quedó tan pancho, oye.

No consta quién de los dos pagó la condena dineraria que le cayó encima cuando acusó al magistrado Javier Varona de prevaricar al sentenciar que el empresario Rafael Bittini no tenía derecho minero alguno sobre la montaña de Tebeto. Derechos por los que reclamaba más de 100 millones de euros y que estuvo a punto de cobrar después de sumar a sus pretensiones el apoyo mediático de Chavanel (otra vez en el lado oscuro de la fuerza) y el favor político de los hermanos Soria, José Manuel y Luis.

El condenado Chavanel ha anunciado que va a recurrir incluso ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (él dice Bruselas, pero da igual, la precisión nunca ha sido su fuerte). No se sabe si ante tan altas instancias le seguirá representando el abogado Juan David García Pazos, casualmente el fundador y alma mater de la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que intenta personarse como acusación en algunos casos de corrupción y que está estrechamente vinculada al principal encartado en el caso Unión, el empresario Luis Lleó.