Lo que Cifuentes debió haber aprendido de Soria

A los pocos días de que eldiario.es iniciara la publicación del caso Cifuentes y empezara a tomar cuerpo lo que terminó siendo un master regalado, muchos dimos por hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a dimitir de inmediato. Aplicamos la doctrina Soria, ya saben, la instituida cuando el exministro de Industria del Gobierno Rajoy se vio forzado a dimitir después de cuatro frenéticos días en los que quedó retratado como un mentiroso compulsivo.

José Manuel Soria actuó al final con inteligencia y con anticipación. Al contrario de lo que dicen sus hagiógrafos, no cayó víctima de un error o de una mala estrategia de comunicación derivada de la maraña de mentiras en la que se enredó. En realidad dimitió para que no lo siguieran investigando los más destacados medios de comunicación del país y, extraoficialmente, los servicios de inteligencia a las órdenes de Soraya Sáez de Santamaría, como también se divulgó entonces.

Soria se desenvolvía en su salsa convocando a la prensa cada día y colocándole en cada comparecencia una nueva mentira o una corrección forzada sobre la mentira anterior. Hasta que se percató de que las investigaciones de los medios informativos dieron con información sensible sobre empresas en paraísos fiscales cuya vigencia se acercaba peligrosamente a su ejercicio ministerial y amenazaban con llegar todavía más lejos, o por ser más precisos, más cerca. Fue entonces cuando miró a La Moncloa y a Génova y comprendió que su carrera política estaba acabada. Se lo explicó con toda crudeza María Dolores de Cospedal en una acalorada discusión que muchas personas pudieron presenciar en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Pero antes de que se produjera aquella sonada renuncia, hace ahora mismo dos años, el prometedor dirigente canario del PP aplicó unas cuantas de sus más consagradas recetas. Con la solemnidad que gustaba aplicar a sus mentiras, anunció desde Lanzarote que había “dado instrucciones” a su abogado para que se dirigiera a la Fiscalía de la Audiencia Nacional “para autorizarle” a investigarle cualquier relación con paraísos fiscales en Panamá. Como si fuera necesario o si se pudiera autorizar a la Fiscalía para que ejerza cualquiera de sus obligaciones o devociones. Pero el primer síntoma de debilidad que mostró Soria fue responder negativamente cuando se le preguntó si acudiría a los tribunales para denunciar a La Sexta y a El Confidencial, los primeros medios que informaron sobre los papeles de Panamá. Ahí se le notó que el asunto escapaba a su control.

Cristina Cifuentes empezó igual: negando las evidencias ante las contundentes informaciones de eldiario.es y, acto seguido, festejando que la Fiscalía recibiera una denuncia de alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos ante lo que se fue configurando como una sucesión infame de falsificaciones encaminadas a beneficiarla.

Pero, a diferencia de la rendición que puso en práctica José Manuel Soria al comprobar al cuarto día que no le quedaba más red bajo los pies, Cifuentes emprendió una suicida huida hacia adelante acompañada de un pulso a su propio partido y a su presidente, quizás porque -a diferencia de lo que le ocurrió al exministro- cuenta con el respaldo de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, la que de un modo más elocuente se ha puesto del lado de la presidenta en el caso de su master de pega.

Que un dirigente del PP no tema a la Fiscalía no debería ser noticia. Al fin y al cabo esa institución ha dado sobradas muestras de sumisión al Gobierno del PP estos últimos años, por lo que nadie se podrá extrañar si la denuncia de los estudiantes de la Rey Juan Carlos resulta archivada o, en el mejor de los casos, convertida en una querella dirigida a evitar efectos incontrolados.

Peor lo va a tener Cristina Cifuentes con la querella que ha interpuesto contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social del mismo periódico, Raquel Ejerique. Una “querella criminal”, en palabras de la presidenta, que con ellas demostraba que su título de licenciada en Derecho no le ha servido para aprender que todas las querellas son criminales, es decir, penales. Sus conocimientos jurídicos le debieron conducir a valorar que en una acción así lo que va a lograr es que se le investigue a ella, porque los periodistas van a presentar tal avalancha de pruebas que la querellante va a tener que contrarrestar con las que ella no tiene. Los periodistas van a poder demostrar que sus informaciones son veraces y que tienen interés público, al tiempo que podrán reclamar la práctica de todas las pruebas que sus abogados consideren necesarias para su defensa, incluyendo aquellas que ahora puedan estar protegidas por la Ley de Protección de Datos y todas las que, no estando ahora a su alcance, sí podrán ser reclamadas por un juez instructor.

Además, la querellante tendrá que declarar ante el juez instructor, tanto para ratificarse en la querella como a petición de los investigados, cuyos abogados podrán preguntarle por lo que quieran en relación con los hechos denunciados, tanto durante la investigación como en el juicio oral, si se llegara a esa fase. Y ella tendrá que decir la verdad porque el falso testimonio en un juicio es delito (penal, que diría Cifuentes). Y de los graves.