Clavijo corrompe las leyes

Miguel Zerolo es el principal referente de la corrupción de Coalición Canaria. El ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife y ex senador por la Comunidad Autónoma se somete en estos momentos a un largo juicio por el caso de Las Teresitas en el que está quedando de manifiesto cómo fue de extensa la malla de corrupción política y empresarial durante los años más gloriosos del insularismo tinerfeño, cuando la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) controlaba el poder en esa isla y en toda la Comunidad Autónoma gracias al salto que convirtió a once partidos en una fuerza que desde entonces (1991) no se ha bajado del machito. Lo que se está viviendo en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife pone los pelos de punta: el poder político y empresarial, financiado por CajaCanarias y amparado por el silencio de los medios informativos, operando con absoluta impunidad en las instituciones para ejecutar una operación urbanística que dejó casi 100 millones de euros de beneficios sin mover una excavadora.

Ese modo de operar, un clásico en los países bananeros donde se aplica una justicia fronteriza, alejada de las exigencias de la metrópoli, con jueces que llaman desde el Supremo para filtrar una sentencia que todavía no está redactada, con altos cargos judiciales puestos a dedo en las Islas por los mismos partidos que tienen que esconder sus vergüenzas, se terminó tropezando con la Ley y a algunos medios informativos que se plantaron ante la corrupción.

Los actores de Las Teresitas jamás se imaginaron que aquella obscena operación obtuviera unos resultados distintos al aplauso unánime de la sociedad ante una práctica que venía siendo la habitual: si se consigue una actuación emblemática, una “operación estrella por el bien de Tenerife”, qué más da cómo la hagamos, qué más da cuánto dinero se quede por el camino.

Pero se les cruzó por el camino la Ley y un denunciante sin miedo, Santiago Pérez, de esos que cree que la cobardía es el peor mal de una sociedad como la nuestra. Y a pesar de una investigación jalonada de presiones (Soria llegó a descalificarla a pesar de estar dirigida por una magistrada puesta en el TSJC por el PP), presiones que dieron como resultado la desaparición de acusaciones como la de cohecho, uno de los iconos del insularismo tinerfeño se sienta en estos momentos en el banquillo junto a dos de los emblemas empresariales de la isla, Ignacio González Martín y Antonio Plasencia.

Y eso es lo que ATI no quiere que vuelva a ocurrir nunca más: ¿Cómo es posible que no podamos hacer lo que nos de la real gana en nuestra Isla? ¿Cómo vamos a hacer bueno eso de “Tenerife, lo primero” si nos lo impide la Ley?

Muy sencillo, cambiando la Ley, prostituyendo la Ley, corrompiendo la Ley. El precedente es Silvio Berlusconi, quien aprovechó el inmenso poder que llegó a tener para promover cambios legislativos que limpiaran sus delitos y hasta su actividad sexual.

El principio básico que inspira a la nueva Coalición Canaria de Fernando Clavijo, de Ana Oramas y Carlos Alonso es que ganen los empresarios. “Gobierno para los empresarios porque son los que generan riqueza”, reconoció sin disimulo el presidente de Canarias en un pleno del Parlamento regional. Porque si ganan los empresarios gana Coalición Canaria, gana ATI, que necesita recuperar la vieja fórmula de la oligarquía tinerfeña que aupó a Manuel Hermoso -aquel añorado líder vecinal- a las más altas cotas de poder y de ineptitud. Una fórmula con tres patas: el poder político, el poder económico-empresarial y el poder mediático tinerfeñista, verbigracia, El Día.

Pero ya El Día no es lo que era (ya hay medios regionales en la operación), ni el poder político de ATI es el de Manuel Hermoso; la crisis ha debilitado a la clase empresarial tinerfeña, y la vigilancia democrática es más exigente que la de aquellos años dorados del pelotazo en la revoltura del cambio de siglo.

Consciente de estas realidades y envuelto en una suerte perversa de caudillismo paleto, el alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cree que su poder es infinito, que sigue siendo el alcalde que delega las competencias que quiere y las recupera cuando le place; que confunde las leyes con las ordenanzas municipales, que las puede incluso cambiar para que lo que hasta ahora es corrupción deje automáticamente de serlo.

 

La ‘berlusconización’ de Clavijo

No, Clavijo no es un corrupto pero parece empeñado en prepararlo todo para que nos acordemos de sus cuatro años presidenciales cuando dentro de otros cinco o seis estallen los primeros casos de corrupción fruto directo de iniciativas suyas como la Ley del Suelo. Porque esa norma que el PSOE está obligado a derribar lleva el germen de la corrupción con medidas como los proyectos de interés estratégico a desarrollar en el suelo que quieran el promotor, el alcalde y el presidente del Gobierno. Y no necesariamente por ese orden.

Alertado por las elocuentes debilidades de la Ley del Suelo, Clavijo no para de hacer bolos promocionándola. El último, una reunión con “las fuerzas vivas de Tenerife” (la expresión es de un periodista tinerfeño) donde todas las patronales han cerrado filas en torno al presidente para que no desfallezca en la búsqueda de sus beneficios.

Y por si fuera poco ese escándalo en ciernes, Clavijo y los suyos se han embarcado en una suerte de berlusconización fabricando leyes que saquen a los suyos de graves atolladeros penales y económicos. La Ley Plasencia, consistente en pagarle al presidente de la patronal tinerfeña de la construcción, Antonio Plasencia, una sentencia que lo condena a regenerar los barrancos de Güímar (345 millones de euros) es un insulto a la inteligencia y a la democracia. La iniciativa proviene del Cabildo de Tenerife, presidido por ese otro hooligan del tinerfeñismo trasnochado de nombre Carlos Alonso, el político que ha conseguido aunar en un solo discurso el ataque al Gobierno que preside su partido; la descalificación al Partido Socialista, que lo mantienen a él y a Clavijo en el poder, y la defensa de Tenerife por la crisis de las carreteras, responsabilidad de Coalición Canaria los últimos veinte años (excepto este último, en manos del PSOE).

Antonio Plasencia y sus socios evitaron penas de prisión pactando con la fiscalía una suavización de sus condenas por destrozar con sus canteras de áridos los barrancos de Güímar. A cambio aceptaron la obligación de correr con la restauración del daño ambiental producido. Ya a esas alturas sabían que ATI estaba promoviendo una ley que, de aprobarse, significará que el resultado de sus delitos tras millones de euros de beneficios los pagaríamos entre todos los canarios. Nada más y nada menos que 345 millones de euros que dejan en cueros la polémica que el mismo presidente del Gobierno abrió contra su consejero de Sanidad por el desajuste presupuestario (50 millones) fruto de un recorte que se asemeja bastante a la misma cantidad con la que el Gobierno pretende recompensar a Plasencia.

Si con la Ley del Suelo Fernando Clavijo y ATI sientan las bases de los próximos pelotazos urbanísticos y el saqueo del territorio en Canarias, con la Ley Plasencia lo que se pretende es lanzar un mensaje a los empresarios que puedan verse implicados en casos como el de Las Teresitas: no te preocupes, no volverá a ocurrir. Sé fuerte, Antonio, te protegeremos.