Pero si ha habido resoluciones (de las conocidas) sonadas y extravagantes en ese juzgado de la señora Zabala, la adoptada el pasado mes de julio en relación a tres emisoras de radio teldense se lleva la palma. Tras una denuncia de una persona allegada a Reyes y a su atrabiliaria emisora, la juez, ni corta ni perezosa, ordenó a la Guardia Civil la entrada y registro, con incautación de todo tipo de material técnico, de tres cadenas radiofónicas locales, a las que dejó sin emisión para poder investigar un presunto delito contra la propiedad intelectual. Jamás se había visto por estos lares una desproporción similar, atentar contra dos derechos fundamentales para investigar una denuncia de un particular, tal y como se resalta en la querella firmada por el Ayuntamiento de Telde. La resolución de la juez, sin fundamentar y sin mayores justificaciones que las que ella misma se imaginó, se unió a un atolondrado comportamiento de la Guardia Civil, que hasta se llevó detenidos a los técnicos y al personal de esas estaciones. Un disparate que se acrecentó cuando, dos días después y ante el escándalo mediático montado, la magistrada decide sacar la pata y lo que consigue es meter la otra. Tras culpar veladamente a la Guardia Civil de no haber interpretado bien sus órdenes, firma otro auto en el que decreta que se devuelva a las radios el material que arbitrariamente se le incautó de modo que pudieran volver a emitir. Demasiado tarde para restablecer unos derechos arrasados por completo. Radio Cibelio y Canal Telde siguen sin emitir dos meses y medio después.