Lo que está a punto de estallar en Lanzarote se viene fraguando desde hace tiempo, de cuando el consejero de Política Territorial del Cabildo era un socialista, Carlos Espino. Un exhaustivo informe encargado por él sobre la situación urbanística de la isla destapó varios escándalos que se colocaron de inmediato en los tribunales contencioso-administrativos. Pero tras las correspondientes sentencias y los correspondientes hallazgos, la cosa pasó a lo penal, y el resultado es verdaderamente escandaloso. Hay una sentencia que incluye como hecho probado el caso de un promotor mallorquín que solicitó su licencia, que en aplicación del PIO, le fue denegada. Pero el Ayuntamiento (¡albricias!) revisó de oficio su propia decisión después de que un empresario local visitara al mallorquín y le propusiera comprarle la pieza de suelo supuestamente inservible. El Ayuntamiento cambió entonces su criterio y el empresario lanzaroteño terminó por comprar al mallorquín, hizo su hotelito y hasta se benefició de fondos europeos para hacerlo. La licencia ya ha sido declarada nula.